INVESTIGACIÓN

El Constitucional abre la vía que presidentes de empresas privadas comparezcan en el Congreso

Por Ana María Riaza2 min

España18-10-2002

Un lustro ha tenido que esperar el Partido Socialista (PSOE) para poder ver finalmente satisfecho su deseo de enfrentar a los grandes dirigentes de empresas privadas con el poder estatal.

Era la pasada semana cuando el Tribunal Constitucional notificaba su sentencia definitiva con respecto a la ilicitud de las decisiones tomadas por el Congreso en 1997 con respecto a la investigación de cuentas y movimientos de las grandes empresas privadas en España. Y es que era en 1997 cuando el recién inaugurado Gobierno del Partido Popular (PP) denegaba, con el apoyo de sus entonces socios, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergencia i Unió (CiU), al derrocado PSOE su recurso de comparecencia ante las Comisiones de Infraestructuras, así como de Industria, Energía y Turismo, de los entonces presidentes de Teléfonica España y Endesa, Juan Vilallonga y Rodolfo Martín. Según manifestaba el presidente del Tribunal, Manuel Jiménez de Parga, la Mesa del Congreso habría vulnerado con su actitud el derecho fundamental a la participación ciudadana en los asuntos públicos y, por extensión, los derechos propios de los diputados en el Congreso, tomándolos como propios. En noviembre de 1997, el PSOE solicitaba la comparecencia de Vilallonga ante el Congreso, a fin de que diese cuenta de la compra por parte de Telefónica del 25 por ciento de la empresa mediática Antena 3. Los votos de PP, CiU, PNV y CC impedían entonces las explicaciones de Vilallonga ante los miembros del Hemiciclo, con el argumento de que la inversión estatal en el proyecto de futuro de Telefónica apenas llegaba al uno por ciento. Sólo dos años después, el PSOE volvía a reclamar la comparecencia de Vilallonga para aclarar las opciones de las acciones de su empresa, así como el hecho de que, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Vilallonga se hiciese, a través de estas mismas acciones, con un total de 21 millones de pesetas en apenas dos semanas. La polémica gubernamental llegaba con la posibilidad de que entre los beneficiarios de las opciones accionariales de Telefónica se encontrase el actual consejero del presidente del Gobierno, Pedro Arriola. En lo que respecta a la empresa hidroeléctrica Endesa, en agosto de 1998 el PSOE solicitaba la comparecencia de su presidente para que esclareciese la compra por parte de la empresa catalana de un 30 por ciento del capital de la mayor compañía eléctrica de América Latina, la chilena Enersis, por un total de 200.000 millones de pesetas. Con esta sentencia se resquebraja finalmente la creencia estatal de que una empresa sólo es pública si la mayor parte de su capital permanece en manos del Estado: a partir de ahora, toda empresa cuya acción afecte parcial o íntegramente al interés general deberá ser igualmente objeto de control por parte del Gobierno central. Por su parte, el Partido Socialista volverá a solicitar nuevamente la comparecencia de ambos dirigentes -decisión que ya tenía en cartera desde antes que se conociese el fallo del Tribunal-, así como de otros siete mandatarios de grandes empresas privadas y semi privadas del panorama económico español, entre los que se contarían el presidente de la compañía aviera Iberia, Xavier de Irala, o su homólogo en la empresa petrolera Repsol, Alfonso Cortina Alcocer.