CATALUÑA
Narcís Serra imputado por presunta "administración desleal"
Por Luis Artola
2 min
España16-03-2017
El juzgado de instrucción número 2 ha iniciado una investigación a Narcís Serra, expresidente de Catalunya Caixa, tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Junto a otros ex altos cargos de la entidad bancaria se les investiga por presunto delito de administración desleal que traería como consecuencia pérdidas económicas de más de 720 millones de euros. La Administración participó en negocios de carácter inmobiliario entre 2001 y 2013 con inversiones que ponían en peligro a Catalunya Caixa y sin evaluar las posibles pérdidas.
Narcís Serra, quien fuera ministro de Defensa y posteriormente vicepresidente del Gobierno socialista en la era de Felipe González se ha dedicado en los últimos años al sector bancario, como presidente de la entidad Catalunya Caixa. Desde 2010 figura como investigado junto a otros altos cargos directivos de dicho banco por cobro de sobresueldos. Tras llegar a la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno confirma haber iniciado una nueva investigación por presunta administración desleal que provocaría una deuda de más de 720 millones de euros a la entidad.
El caso que nos ocupa sale a la luz tras conocerse que el Estado pagó el rescate de Catalunya Caixa por 12.000 millones de euros sin apenas recuperación tras privatizarse y ser comprada por el BBVA. El Gobierno exigió al FROB un profundo exhaustivo informe para esclarecer responsabilidades. El Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB), dedicado a la reestructuración y gestión financiera bancaria, ha sido el encargado, como entidad pública, de llevar a cabo las acciones pertinentes para sentar en el banquillo a Narcís Serra y otros directivos, como Antonio Llardén, presidente de Enagás y que mantuvo el cargo de vicepresidente de Catalunya Caixa o Adolf Todó, exdirector general del banco. La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado las diligencias y el auto de denuncia destinados al Juzgado de Instrucción número 2.
Los directivos llevaron a cabo una serie de operaciones de inversión de carácter inmobiliario entre los años 2000 y 2013. Su objetivo era participar en el 50% del proyecto además de otras sociedades e instrumentalizarlo a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM) adquiriendo un compromiso económico "relevante" según la Fiscalía. Después de ocho años, en 2008 se verificó la nula capacidad para desarrollar dicho proyecto tras la concesión de créditos "desproporcionados". Esto es, de la posibilidad de aprobar créditos de 12 millones de euros llegaron a incrementarse hasta 30 y 60 millones.
El Fiscal, Fernando Maldonado ha señalado la posibilidad de delito al señalar "un riesgo en la inversión" tras la aprobación de la junta directiva de la adquisición de terrenos no urbanizables tanto en España como en Portugal o Polonia sin informes ni análisis externos de los posibles riesgos para la entidad. En el auto asimismo se explica que no existían "cláusulas resolutorias" para evitar pérdidas factibles.
También ha apuntado posibles irregularidades en la participación empresarial y su posterior separación de los otros socios del fallido proyecto así como "conflicto de intereses" por la pertenencia de varios de dichos terrenos a algunos socios. Finalmente, se expone la tramitación de diversas operaciones sin pasar previamente por la autorización del Consejo de Administración.
La denuncia relativa a la actuación particular de Narcís Serra, expone la detección de "una total falta de preparación técnica" que incapacitaba al Consejo de Administración llevar adelante cualquier propuesta pero donde, sin embargo, "había una total ausencia de control en la toma de decisiones".