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VENEZUELA

El decreto de Maduro permite ordenar expropiaciones y restringir el efectivo

Por Selene PisabarroTiempo de lectura2 min
Internacional16-01-2016

Nicolás Maduro podrá gobernar en el ámbito económico con plenos poderes durante los próximos 60 días. Así lo ha decretado a través de una declaración del estado de emergencia que puede prorrogarse, si es necesario, otros dos meses. Con este decreto, Nicolás Maduro podrá ordenar expropiaciones o restringir el uso del dinero en efectivo a través de una orden al Banco Central de Venezuela (BCV),

El poder económico de Venezuela estará en manos del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, si la Asamblea Nacional le da el visto bueno. Así lo ha decidido, tras insistir en la necesidad de aprobar unas medidas urgentes –que aún no se han especificado- para paliar las consecuencias económicas que asolan al país como la inflación, la especulación o los precios del petróleo.

Ahora bien, el turno es de la Asamblea Nacional, que dispone de ocho días desde que se publica el decreto para decidir si lo aprueba o no por mayoría absoluta. El presidente venezolano solicitó al Parlamento instaurar la medida que la apoye para “instaurar la paz”. Aun así, existen dudas sobre si le apoyará o no y si el voto en contra del Parlamento obligaría a modificar su contenido o si se debería elaborar uno nuevo. En el caso de que el Parlamento ratifique el decreto, deberá pasar por el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El objetivo es que compruebe si las medidas que ha dictado de urgencia el Ejecutivo de Maduro son acordes a la Constitución. 

Por el momento, el decreto es de obligado cumplimiento puesto que Maduro ya lo ha publicado a través de la Gaceta Oficial. El documento supone una de las medidas de excepción que recoge la ley orgánica venezolana y que en materia económica suspende la Constitución. Permite que las tres quintas partes de la Asamblea puede cambiar los términos del decreto solamente si lo que propone es menos duro que lo que ha declarado el Gobierno.

El documento es la consecuencia de la “guerra económica” que el Gobierno venezolano asegura que está viviendo el país. Según el ministro de economía, Luis Salas, está justificada la actuación para favorecer y mejorar la situación económica. De la misma forma, el ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano, aseguró que si el Parlamento no aprueba el decreto, se está negando “a mantener un esquema de defensa de los Derechos Humanos de nuestra nación”.

Si la declaración sigue adelante, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, podrá ordenar expropiaciones o restringir el uso del dinero en efectivo a través de una orden al Banco Central de Venezuela (BCV), o lo que es lo mismo: el temido corralito. Asimismo, permitirá aplicar medidas para reducir la evasión fiscal o pedir a todas las empresas que aumenten sus niveles de producción. Además, según el texto que ya ha entrado en vigor, se incluye la asignación y disposición de los recursos que no se previeron en los presupuestos del 2015 para financiar los programas sociales, los alimentos y los productos esenciales.

El director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró a la cadena BBC que se trata de una estrategia política para blindarse ante el Parlamento, que ya está controlado por la oposición. Precisamente, es una forma de evitar rendir cuentas ante ella, aunque ya lo ha tenido que hacer respecto a su gestión de Gobierno durante el año 2015.