Caso Noos
Fiscalía y Hacienda luchan por la desimputación de la infanta
Por Elena Pedroche
3 min
España11-01-2016
18 imputados, acusaciones que suman más de 100 años de prisión y un mínimo de seis meses de sesiones, son las cifras del caso Nóos, cuyo juicio oral ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y se ha alargado durante más de 13 horas. Desde este lunes, serán Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyà, las encargadas de juzgar este caso.
El Caso Noós saltó a la palestra hace alrededor de seis años con el Caso Palma Arena y desde entonces se ha llevado a cabo la instrucción del proceso. En este caso se imputa a los acusados de multitud de delitos que pueden resumirse en la desviación de fondos públicos cometido gracias a la prevaricación y las falsedades documentales y el fraude a las Administraciones Públicas al otorgar contratos y encargar prestaciones sin concurso público y sin respetar las normas de contratación
Sin duda, la gran protagonista de este primer día ha sido la infanta Cristina, quien se ha mantenido con un semblante serio durante toda la jornada. Tanto su abogado, Jesús María Silva, como el fiscal del caso y la Abogacía del Estado han defendido la desimputación de la hermana del Rey. El fiscal Pedro Horrach ha defendido que mantener su imputación solo por la acusación popular de Manos Limpias supone un quebrantamiento de "la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada”.
El fiscal Anticorrupción ha presentado un informe de Hacienda que sostiene que no la infracción administrativa cometida por la Infanta en su papel en la empresa Aizoon, no se debe llevar al ámbito penal. Este documento, con fecha del 23 de noviembre del 2015, se ha elaborado a petición del Ministerio Público por Caridad Gómez Mourelo, jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda. El documento recoge que la infanta era socia y no administradora, lo que la exoneraría de ser cooperadora necesaria. Por este motivo, Horrach ha pedido al tribunal que se cierre la causa contra Cristina de Borbón y contra Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, socio de Urdangarín. “No es posible, ha recordado el fiscal, que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", que, en este caso, es la Agencia Tributaria.
A su vez, el abogado de la infanta, Jesús María Silva, ha aportado como prueba 10 sentencias, tres del Tribunal Supremo y siete de Audiencias provinciales, que implican la doctrina Botín. Esta teoría impide juzgar a una persona por delito fiscal si la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan. “Claro que hubo una sentencia inicial, se refería así el abogado a la de la doctrina Botín, pero luego otra que, sin contradecir la primera, la complementó, y otra más”, ha recalcado. Además, el letrado ha presentado un informe de un economista en el que se rebaja el supuesto beneficio de la infanta por los delitos supuestamente cometidos por su marido “en unos 50.000 euros". La Fiscalía considera a la Infanta “partícipe a título lucrativo” de esos delitos, lo que implica su desconocimiento de la procedencia ilegal del dinero o los bienes.
Por su parte, la abogada de Manos Limpias, ha afirmado que “el retorcimiento de la defensa de la Infanta perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la Corona y la propia Infanta quedaría estigmatizada socialmente si no se sigue con este juicio”. La abogada del Estado Dolores Ripoll ha puesto en duda que Manos Limpias acuse motivada por el interés público.
El órgano colegiado ha decidido suspender la sesión hasta el 9 de febrero, para poder estudiar las nuevas pruebas aportadas por la defensa.