CATALUÑA
La sentencia firme del Constitucional no llegará antes de las elecciones
Por Selene Pisabarro
2 min
España11-11-2015
El Tribunal Constitucional ha suspendido la resolución independentista que aprobó el Parlament catalán el lunes, con la que comienza el proceso de ruptura de España. Así, continúa el enfrentamiento entre el Gobierno autonómico que aún lidera Artur Mas y el Ejecutivo nacional que, encabezado por Mariano Rajoy, ha advertido de que no se incumplirá la ley ni permitirá que se “acabe con la democracia”.
Apenas unas horas han bastado para que este miércoles el Constitucional suspenda la resolución soberanista de Cataluña que presentó la Abogacía del Estado a través de un recurso. A pesar de que la respuesta del Alto Tribunal ha sido rápida, aún restan otros 20 días hábiles para que tome una decisión definitiva si las partes presentan sus alegaciones durante ese plazo, tras el cual se retirará para dictar el fallo. Es por ello que el Gobierno prevé que los magistrados no se pronuncien antes de las elecciones generales del 20 de diciembre.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se ha sumado a las advertencias del Gobierno. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de los Mossos d’Esquadra, han recibido un requerimiento en el que advierte de los delitos que pueden cometer dentro del “proceso de independencia del territorio autonómico catalán”. Es decir, se trata de los delitos contra la Corona, contra las instituciones del Estado o contra la forma de gobierno, entre los que figuran la sedición y la rebeldía.
Según el fiscal jefe, Javier Zaragoza, estos delitos forman parte de las competencias de la Audiencia Nacional porque “violan la legalidad constitucional y cambian la organización territorial de un Estado”. De esta forma, se considerarán delitos desde el momento en el que el Tribunal Constitucional invalide la resolución de independencia y la deje sin efecto, como ya ha sucedido.
Precisamente, el Tribunal Constitucional ya ha avisado personalmente a 21 cargos del Govern de la Generalitat –entre los que se encuentran el presidente en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell- de que si incumplen sus mandatos podrán ser suspendidos de sus funciones y perseguidos por desobediencia. Así, los once magistrados apoyan el informe que había elaborado previamente el Consejo de Estado este martes y que había reclamado el Gobierno horas antes de interponerlo ante el Alto Tribunal.
La otra vía que está barajando el Gobierno de Rajoy es la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A través de él, el Ejecutivo puede suspender a Cataluña el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), asumir las competencias de la Generalitat o incluso se pueden sustituir algunos funcionarios de la administración por otros temporales.
Desde la parte independentista, Junts pel Sí y la CUP planean elaborar tres nuevas leyes que recoge la resolución independentista en el plazo de un mes: la del proceso constituyente, la de la Seguridad Social y la de la Hacienda catalana. Como en el Parlament se ha aprobado el texto, entienden que su poder no se legitima con la Carta Magna. Por eso, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha asegurado que “la voluntad política” es continuar con “el mandato del Parlament”.