BANCA

La juez Palacios imputa 138 delitos fiscales a Botín y a cuatro directivos del SCH

Por Gema Diego2 min

Economía08-09-2002

El Santander Central Hispano (SCH) es, según la juez Teresa Palacios, casi una hermanita de la caridad. El banco tomó conciencia de lo difícil que era para sus clientes pagar a Hacienda un alto porcentaje de sus ingresos, y por ello les ofreció un producto que aliviaría sus estrecheces: cesiones de créditos llevadas a cabo mediante documentos falsos que ocultaban su verdadera identidad.

La operación era perfecta para sacar el máximo partido a grandes cantidades de dinero negro que no desean salir a la luz por el riesgo de verse mermadas. El SCH vendió a 138 clientes participaciones en sus créditos utilizando más de 9.000 contratos en los que los datos del titular eran erróneos. De este modo, el cliente se desprendía de su dinero opaco en beneficio del banco, y lo iba recuperando poco a poco sin tener que sufrir las retenciones de Hacienda, con un porcentaje que oscilaba entre el 20 y el 25 por ciento del total. Para la juez Palacios, todo apunta a que los directivos del SCH ofertaban sin disimulo la opacidad del producto y se equivocaban deliberadamente en la firma del contrato. Por ello, Palacios entiende que, tanto el presidente, Emilio Botín, como otros cuatro responsables del banco (un antiguo consejero, Rodrigo Echenique, el jefe de la Asesoría Jurídica, José Ignacio Uclés, el subdirector adjunto a la Dirección de Sucursales, Lorenzo Solana, y el jefe central contable, Ricardo Alonso Clavel) deben ser imputados por delito fiscal y falsedad documental. Palacios ya ha rechazado dos recursos contra su auto de imputación, en el que afirma que el SCH ha estafado a Hacienda más de 872 millones de euros entre 1987 y 1991. Uno, presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño, hacía hincapié en la dificultad de juzgar a 143 personas (los cinco directivos y los 138 clientes) que ni siquiera se conocen entre ellas. El otro, del SCH, insistía en que el banco no ha cometido ningún delito. Fungairiño y el SCH han presentado ahora sendos recursos de queja ante la Audiencia Nacional, que deberá determinar si el procedimiento sigue adelante o se paraliza. Si ésta no pone obstáculos, Botín y sus compañeros tendrán que afrontar un juicio oral que determine si son tan santos como quieren hacer creer.