Cardenal solicita que alcaldes, ¬ertzainas¬ e intelectuales testifiquen contra Batasuna

Por Cristóbal Cabezas2 min

España05-09-2002

En su demanda de ilegalización, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, pedirá el testimonio de Alfonso Alonso, Ana Urchueguía, Fernando Savater, Edurne Uriarte y Agustín Ibarrola, entre otros.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que llame a declarar a los alcaldes de Vitoria (Álava) y Lasarte (Guipúzcoa) para que relaten el acoso a que son sometidos por parte de militantes y cargos de Batasuna; a Fernando Savater, Agustín Ibarrola y Edurne Uriarte, entre otros intelectuales que pueden describir la vulneración de derechos humanos en el País Vasco, y a agentes de la Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca) que fueron hostigados el pasado 11 de agosto en una manifestación convocada por la coalición abertzale. La petición firmada por el fiscal general, Jesús Cardenal, insta a la ilegalización de Batasuna por ser "una necesidad social imperiosa". La Fiscalía y el Gobierno presentaron sus demandas para expulsar a Batasuna del orden legal. De este modo, Cardenal señaló que "hace unos días un político (Arnaldo Otegi) dijo que el País Vasco está siendo judicialmente asediado, como Stalingrado. Nosotros venimos al TS a liberar a esa parte de España del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna". A diferencia de la estrategia jurídica del Ejecutivo, que utiliza acontecimientos anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley de Partidos, la Fiscalía sólo ha consignado acontecimientos posteriores al 29 de junio. Ello ha limitado a 15 los hechos en los que basa su demanda, unas conductas, a su parecer, suficientes para ilegalizar a la coalición proetarra porque ponen de relieve la reiteración de un comportamiento contrario a los principios democráticos. Al igual que la demanda del Gobierno, la de la Fiscalía se dirige no sólo contra Batasuna sino también contra las dos formaciones que le precedieron (Euskal Herritarrok y Herri Batasuna), al ser consideradas, en realidad, una sola organización con diferentes nombres. Para la Fiscalía, la ilegalización de Batasuna es "una necesidad social imperiosa", expresión utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia sobre partidos políticos, que es analizada en la demanda con detalle.