Tribunales
José de la Mata reclama al PP 1,2 millones de fianza por la “caja B”
Por Desiree Panadero
3 min
España28-05-2015
La Audiencia Nacional acusa al partido gobernante en España de ser responsable civil subsidiario de la caja B por delitos fiscales en el pago de las reformas de su sede en Madrid. El juez insta al PP a depositar 1,2 millones de euros en los próximos 10 días. De la Mata también juzgará a Cristóbal Páez, exgerente de la formación, a dos socios de la empresa que realizó las obras en la sede (Unifica) Gonzalo Urquijo y Belén García y a una empleada llamada Laura Montero.
Entre los delitos por los que serán juzgadas estas personas se encuentran: pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, lavado de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. El magistrado ha condenado al PP a abonar 1,2 millones de euros por el Impuesto de Sociedades del año 2007. Además, De la Mata ha estipulado en 220.000 euros la cantidad que habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública por el mismo tributo en 2008; las obras en Génova se pagaron con dinero negro.
El juez ha marcado un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus alegaciones. Todos los acusados y responsables civiles disponen de 10 días para depositar en el juzgado las fianzas correspondientes y en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes. El juez pide casi 9 millones de euros para Bárcenas y Lapuerta; 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y un tercio más.
La Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su escrito de acusación, en el que pedía cinco años de prisión para Bárcenas y Lapuerta por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental en el caso de la caja B del PP, así como otros 18 meses para el exgerente, Cristóbal Páez. El fiscal solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, propietarios de la empresa Unifica que reformó la sede nacional del PP. El fiscal, sin embargo, pide el archivo de la causa para el PP por un delito fiscal de 2008 que habría derivado de los donativos de empresarios de los papeles de Bárcenas porque considera que no se ha justificado debidamente. Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización y Electoral del PP ha evitado valorar esta sentencia. “Para hacer una valoración tengo que leerlo, cuando lo leamos haremos una valoración”, ha asegurado el número 3 del PP. Rita Barberá, alcaldesa en funciones de Valencia: “el PP está vivito y coleando.”
“Pese a lo dicho por Rajoy su grupo no toma nota: deniegan por 11ª vez su comparecencia sobre Barcenas y caja B del PP”, expone en su cuenta de Twitter el diputado socialista Antonio Hernando. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida: “los responsables políticos y los empresarios donantes que formaron parte de la trama de financiación ilegal de un partido político más gorda de la democracia, se van a ir de rositas.” Lara ha recordado que fue una querella presentada por su formación en 2013 lo que permitió la investigación sobre la financiación ilícita del PP.
El pasado 23 de abril, Luis Bárcenas, ex tesorero del PP recurría uno de los últimos autos firmado por el juez Pablo Ruz, que abandonaba la Audiencia Nacional el pasado jueves 16 de abril. Bárcenas lamentaba que el juez no hubiese practicado ninguna diligencia encaminada a identificar y responsabilizar al verdadero obligado contable que, dentro del Partido Popular y conforme a la literalidad y taxatividad de la Ley, se concreta en la máxima autoridad del partido, es decir, el presidente del partido Mariano Rajoy.