Marruecos
El juez Ruz propone imputar a 11 altos cargos marroquíes
Por Cristina Guzmán
2 min
España10-04-2015
El auto del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, propone llevar al banquillo a 11 altos cargos del Gobierno de Marruecos por delitos de la gravedad de asesinatos, torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzadas. Entre los imputados se encuentran siete personas que actualmente se hallan en busca y captura. Ruz continúa la causa que ya fue abierta por el juez Garzón en 2007.
El juez Pablo Ruz ha indicado en su auto que pretende llevar a juicio estos 11 dirigentes marroquíes por un delito fundamentalmente de genocidio. Los crímenes, que se ubican en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992, se investigan desde febrero de 2013, cuando se encontró la fosa común de Amgala. En este enclave se hallaron ocho cadáveres “que han sido plenamente identificados por el ADN”, además se cuenta con el testimonio de varios testigos que “incriminan” a los presuntos culpables”. Entre los procesados se encuentran; el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem, el gobernador de Smara entre 1976-78, Said Ouassou, el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen, los inspectores de Policía El Aaiún Brahin Ben Sami y Hariz El Arbi, el coronel de las Fuerzas Armadas, Abdelhak Lemdaour, y el teniente de la Gendarmería Real, Driss Sbai.
Pablo Ruz, que de momento ha acordado estas medidas propuestas por la Fiscalía, ha acordado contra todos ellos “busca, detención e ingreso en prisión”. Con respecto a Lamarti, Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, va un paso más allá y los califica de “responsables de genocidio”, ya que sus propias víctimas los identificaron. En concreto, en estos últimos casos, Ruz solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean sobre ellos “para su correcta identificación y filiación”. Por otro lado, el magistrado a rechazado procesar a otras ocho personas por falta de pruebas o prescripción de los delitos.
Esta causa fue abierta por primera vez en 2007, el juez Baltasar Garzón decidió iniciarla en virtud a una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. La investigación gira en torno a los asesinatos, bombardeos a campamentos de refugiados y torturas cometidas por el ejercito marroquí durante su intervención en el Sáhara, entre 1975 y 1992. Entre los delitos se encuentran hechos tan graves como; amputación de miembros, quema de personas vivas o aplicación de descargas eléctricas. Un total de 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, 6 más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad y 23 por lesiones, constituyen esta compleja instrucción.