China

Aumenta la represión y control sobre los ciudadanos en China

Por Marisol Marchal Reyeros2 min

Internacional06-04-2015

955 defensores de los derechos humanos fueron detenidos en China en 2014. Este es el resultado del informe publicado por Chinese Human Rights Defenders (CHRD). Desde que Xi Jinping se alzó en el poder en marzo de 2013 la sociedad civil ha visto como se cercaban sus derechos. El control de Internet y la censura en los medios de comunicación es el día a día de la población china.

"La peor represión desde los años noventa". Es la conclusión de Maya Wang investigadora de CHRD  y relaciona esta preocupante situación con el miedo del mandatario a que el Partido Comunista pueda “perder su control del país”, según recoge El País en su versión digital. La investigadora añadía que el régimen “reduce la capacidad de presionar al Partido allá donde el Partido no quiere ser presionado desde abajo”.

 “El Gobierno de Xi ha reducido drásticamente el limitado espacio que quedaba para el activismo pro derechos humanos. Muchos activistas que trabajaban en áreas que previamente las autoridades no hubieran considerado sensibles, o menos amenazadoras desde el punto de vista político, encararon mayor acoso y persecución”, señala el informe. El pasado año un total de 955 activistas fueron detenidos, principalmente durante el 25 aniversario de Tiananmen en junio y durante las manifestaciones por la democracia en Hong Kong.

El pasado mes de marzo cinco mujeres fueron arrestadas cuando reivindicaban los derechos de la mujer. La lucha de estas mujeres fue considerada como un acto por  “provocar disturbios y crear problemas”, aún se encuentran bajo custodia policial y la situación puede desenlazar en cinco años de prisión. También han sido privados de libertad  el abogado Pu Zhiqiang y el profesor de Universidad  Ilham Tohti, que fue condenado el pasado año a cadena perpetua.

El Gobierno de China tiene previsto aprobar dos leyes que han despertado la crítica de los defensores de los derechos humanos. La primera es una propuesta de ley contra el terrorismo que pone en riesgo la libertad de religión y de expresión y los derechos de las minorías, según Amnistía Internacional. Quien se muestren contrarios al Gobierno o practiquen su religión pacíficamente podrían ser acusados de extremistas. El segundo proyecto trata sobre las ONG extranjeras. Con la nueva ley las organizaciones no gubernamentales estarían manejadas por el Ministerio de Seguridad Pública.