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INSEGURIDAD CIUDADANA

El Gobierno adelanta la presentación de su plan contra la delincuencia al mes de septiembre

Por Ana María Riaza Tiempo de lectura2 min
España15-08-2002

Madrid, lunes 12 de agosto. Un tiroteo entre diversos agentes de la Brigada Nacional y dos delincuentes acaba con la vida del inspector Salvador Lorente Sánchez en la calle Francisco Madariaga, en pleno centro de la capital. Son apenas las tres de la tarde.

Puede que el asesinato de Francisco Madariaga haya sido el detonante; o puede que simplemente se trate de que Japón ha definido Madrid como la única capital insegura de la Unión Europea; o quizás sea porque en lo que va de año 40 personas han sido asesinadas en las calles de la capital española; o la denuncia reiterada de los diversos sindicatos policiales acerca del incremento constante de los delitos callejeros desde 2001; o puede que no se trate mas que de un bandeo político más del Gobierno central, pero lo cierto es que, al fin, el Estado español ha caído en la cuenta de que uno de los mayores problemas que se sufren en España, y más especialmente en la capital, es el incremento constante de inseguridad ciudadana en las calles. De esta forma, el vicepresidente primero del Gobierno y portavoz, Mariano Rajoy -quién ya ha reconocido un incremento efectivo en la inseguridad ciudadana, prolongable, eso si, al resto de la Unión Europea-, anunciaba el pasado mes de agosto el nuevo plan de choque del Gobierno, orientado a combatir la inseguridad civil. Con reformas que se aplicarán incluso en la Ley de Extranjería, el Gobierno anunciaba un proyecto que se centrará en encontrar medidas materiales que solucionen el problema de la delincuencia en las calles, a través de un incremento de un total de 20.000 efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como un aumento del número de jueces y juzgados como parte ya integrante del presupuesto estimado por el Gobierno para 2003. Por su parte, el paquete de medidas legales previsto por el Ejecutivo destinará la mayor parte de sus reformas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Código Penal. En lo que se refiere a la Ley de Extranjería, ya están previstos los retoques para las cláusulas que regulan los procedimientos de expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan delinquido, así como en las que dificulten la entrada en el país de inmigrantes con antecedentes penales, a fin de regular las diversas mafias, procedentes en su mayor parte de Colombia, que se han ido extendiendo por la geografía española durante los últimos años.