Las mil y... pruebas contra Batasuna

Por Amalia Casado3 min

España30-08-2002

El Gobierno reunido en Consejo de Ministros el viernes aprobó la petición del Parlamento que insta al Tribunal Supremo para comenzar el proceso judicial que podría llevar a la ilegalización de Batasuna. La demanda que el Gobierno presentará el martes en el Supremo está acompañada de un informe que recoge más de mil pruebas de que Batasuna es la “proyección del terrorismo en la política”, según José María Michavilla, ministro de Justicia.

La Ley de Partidos 6/2002 aprobada el pasado mes de junio es el artífice de la ilegalización de Batasuna. Esta ley contemplaba tres motores de la ilegalización: podían demandar ante el Tribunal Supremo la declaración de ilegalidad tanto el Gobierno, de motu propio, el Gobierno a instancia del Congreso o el Senado, y el Ministerio Fiscal. Es el Tribunal Supremo –la Sala Especial- el que definitivamente decidirá, a la luz de los informes, si Batasuna debe ser ilegalizada. El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros el pasado viernes, ha dado curso a la petición que aprobó el Parlamento el lunes en una proposición no de ley, en la que se insta al Tribunal Supremo a que se inicie el proceso de ilegalización. El propio Gobierno, como institución separada del Parlamento y autorizada por la Ley de Partidos para instar la ilegalización, se suma a la petición del Parlamento y ha elaborado un informe que acompañará a la demanda. El informe contiene más de mil pruebas. Están pruebas ilustran las 20 actuaciones de Batasuna posteriores a la entrada en vigor de la ley el pasado 29 de junio y que constituirían constataciones de que Batasuna incurre en violaciones de los derechos y principios políticos democráticos. Estas violaciones justifican que, por la vía política y por motivos políticos, se inste a la Justicia para que estudie la necesidad de ilegalización de una formación política. Estos motivos se encuentran especificados en el artículo 9 de la Ley de Partidos. El Gobierno acompaña también la demanda con documentación sobre la historia de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna durante sus 25 años de existencia. Las más de mil pruebas ilustran, según el Gobierno, que los derechos que tiene un partido político, Batasuna los utiliza para colaborar con los fines de ETA. Como ejemplos, el ministro de Justicia, José María Michavila, especificó que los censos electorales a que pueden acceder como partido político son utilizados por ETA para enviar cartas de extorsión, que ceden los espacios publicitarios electorales para propaganda de la banda terrorista, que sus sedes de partido sirven para almacenar armas y como centros de captación, o que en las listas electorales incluyen como candidatos a condenados por terrorismo. Esta documentación contiene incluso fotografías y vídeos que ilustran cómo Batasuna utiliza las instituciones democráticas y el dinero público en los ayuntamientos donde gobierna para exaltar y promover el terrorismo y convertir en héroes a los terroristas, para levantar monumentos en honor a ETA o para homenajear a terroristas en las páginas web de los ayuntamientos. El informe del Gobierno recoge los silencios de Batasuna después de los atentados, aunque especifica que de por sí no constituirían delitos si no fuera por estar acompañadas de vivas y exaltaciones a favor de ETA, así como las actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Será la presente semana cuando el Gobierno presente la demanda en la Sala Especial del Tribunal Supremo, y coincidirá con la demanda que elevará también el Ministerio Fiscal.