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Latinoamérica

El Gobierno brasileño anuncia medidas anticorrupción

Por Desiree PanaderoTiempo de lectura3 min
Internacional16-03-2015

La presión ciudadana se traduce en medidas anticorrupción. Las multitudinarias protestas en Brasil han provocado que el Ejecutivo haya tenido que anunciar medidas anticorrupción para los próximos días. Así lo han prometido tras una reunión entre varios ministros para analizar estas manifestaciones, según ha informado el diario brasileño O Globo. Las marchas han sido convocadas mediante las redes sociales y según las fuentes oficiales, se han desarrollado sin incidencias. La bandera brasileña ha coloreado las calles del país durante las movilizaciones.

“¡Fuera Dilma!” Ha sido la consigna estrella, sin embargo, también había pancartas que exigían una intervención del ejército. La manifestación más multitudinaria se ha dado en Sao Paulo y en ella más de 240.000 personas, según las autoridades, han bloqueado la avenida principal de la urbe. Los organizadores solicitan el inmediato cese de la presidenta por corrupción en su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), tras conocerse el desvío de caudales públicos en el Caso Petrobras, además de la exigente presión fiscal o el maltrato a los guaranís.

En la capital, Brasilia, unas 45.000 personas se han congregado en la Explanada de los Ministerios y frente al Congreso Nacional, informan fuentes policiales. Los efectivos en esta ciudad fueron 1.600. En la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, más de 30.000 personas han participado en la movilización, según los organizadores de la acción. Había varias personas exigiendo una intervención militar. El Partido de los Trabajadores (PT) lleva en el poder desde hace más de 12 años. Este lunes se cumplen 3 décadas desde el fin de la dictadura fascista en Brasil, que había durado 21 años. Los politólogos de Brasil  han tenido que explicar que es imposible intervenir militarmente dentro de los márgenes de la constitución brasileña a la prensa.

La popularidad de Rousseff ha descendido 19 puntos en febrero. La economía brasileña está estancada, la inflación muy alta y hay decenas de políticos, de todos los partidos, presuntamente involucrados en el mayor escándalo de corrupción del país sudamericano; el Caso Petrobras. El  PT está sufriendo una situación compleja, ya que, además de la crisis, los casos de corrupción están aumentando el descontento de las clases populares. José Eduardo Cardozo, ministro de Justicia, ha tachado las protestas de democráticas. "El Gobierno está atento y dispuesto a escuchar las voces de la calle. No hay democracia sin diálogo, sin tolerancia de las posiciones divergentes", ha reconocido. Desde el colectivo Brasil Livre se ha coreado el lema: "¡Dilma y Lula, a la cárcel".   Los habitantes de Río de Janeiro no protestaban con tanto ímpetu desde el mes de junio de hace dos años, cuando pedían mejoras en los servicios públicos.

“En medio de los actos, sectores de la derecha y también de la extrema-derecha, estos últimos aunque minoritarios, comenzaron a infiltrarse en las manifestaciones y surfear la ola orgullosa defendida por el monopolio de los medios de comunicación (Red Globo, etc.) agrediendo a compañeros de lucha y causando confusión en nuestras filas. Sectores reaccionarios compuestos por partidos institucionales legalizados (PSDB, DEM, PP), agrupaciones nacionalistas autoritarias (Frente Integralista Brasileña, Patria Minha, MV-BRASIL) y bandas (skinheads nacionalistas, Carecas do Brasil). El ataque violento y fascista a los movimientos sociales, partidos políticos y entidades sindicales minimizaban la fuerza de la izquierda clasista en los actos, mientras que canalizaba la insatisfacción popular hacia ideologías reaccionarias”, informan desde la Federação Anarquista do Río de Janeiro, en contraste con la versión oficial.

La lista Petrobras provocaba hace unos días polémica en Brasil. Los medios locales desvelaban algunas de las personas afectadas. Estando entre ellas, los presidentes de las cortes; Eduardo Cunha, de la Cámara de los Diputados y Renan Calheiros, del Senado. Estos dos sospechosos pertenecen a un partido aliado al Gobierno: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Se trata de un total de 54 personas implicadas, además, más de 30 son o han sido parlamentarios. La entrega de esta lista se presentaba ante los tribunales después de los carnavales, tal y como se había advertido con anterioridad. El Tribunal Superior es el único organismo competente para aprobar la publicación oficial de los nombres de los presuntos implicados. El partido de la presidenta Dilma Roussef y del expresidente Lula, Partido de los Trabajadores (PT), era el más perjudicado por este listado. Sin embargo, también ha salpicado al partido centrista PMDB y al principal partido de la oposición el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), según informaba este diario, LaSemana.es, hace unos días.