Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal
Por David Sánchez Torrico
2 min
España13-03-2015
El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros celebrado este viernes, el proyecto de ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). según anunció en Rafael Catalá, ministro de Justicia, anunció en rueda de prensa que "el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses, prorrogables indefinidamente, pero sin la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa, cosa que estaba prevista inicialmente pero que se modificó".
Esta norma, que aparecía en el anteproyecto de ley aprobado el pasado mes de diciembre, recibió críticas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que consideraron las escuchas de "difícil encaje constitucional". Así, los ministerios de Justicia e Interior han eliminado de la reforma la posibilidad de que la fuerzas de seguridad del Estado puedan realizar escuchas telefónicas sin autorización judicial previa ante delitos graves. Además, esta reforma ha reparado en la recomendación del Consejo de Estado, que estimaba conveniente cambiar el término imputado por investigado en las primeras fases de la instrucción. Para Catalá, se trata de "un término mucho más coherente", que pasará a denominarse encausado según avance el procedimiento.
En su momento, el titular de Justicia declaró que "el término imputado tiene, en la actualidad, un nivel de contaminación semántico muy alto, por lo que se mostró de acuerdo en buscar "otra fórmula que sea más acorde con la investigación y no marque a la persona". La reforma acota la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para las más complejas, que podrían ampliarse hasta alcanzar los 36 meses siempre y cuando le parezca oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal. "Los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como referencias y compromisos para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción", ha asegurado Catalá.
El ministro afirmó que "esta medida es un compromiso de calidad de la justicia con los ciudadanos para que haya una respuesta en un tiempo razonable, y no está asociada con impunidad ni nada que se le parezca". La reforma incumbe además a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de forma que se instruirá una causa por cada delito, y regulará, por primera vez, el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. Por su parte, los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.
La nueva reforma introduce también la figura del policía encubierto, que podrá investigar en Internet mediante el uso de una identidad falsa. Asimismo, existirá un nuevo procedimiento para ciertos asuntos de tramitación simplificada, como son los delitos de conducción en estado de embriaguez y pequeños hurtos. El texto determina que "los tribunales superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales, y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo". El Gobierno ha aprobado, además, un real decreto de equivalencias que "será un paso importante para favorecer la movilidad entre los profesionales sanitarios en toda España", según declaró el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.