COLOMBIA

Uribe declara el Estado de excepción y las FARC rechazan la mediación de la ONU

Por Txema García2 min

Internacional01-09-2002

El nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fiel a la filosofía de “orden y autoridad” e “imperio de la ley”, que prometió durante la campaña electoral, pasó sus primeras semanas al frente del Gobierno, en las que tomó gran número de decisiones.

El pasado 12 de agosto, Uribe declaró el Estado de conmoción interior -equivalente al de excepción- tras celebrar un Consejo de Ministros, para hacer frente a la oleada terrorista que se desató tras su nombramiento. Gracias al Estado de excepción, que puede declararse hasta por 90 días y prorrogarse hasta 270, Uribe pretende recaudar un impuesto especial para la guerra, sin tener que aprobarlo en el Congreso, al mismo tiempo que cuenta con la posibilidad de recortar ciertas garantías y derechos ciudadanos. La medida contó con gran apoyo como la del Defensor del Pueblo y ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, quien la justificó por los recientes atentados; algo en lo que coincidió con Carlos Gaviria, también ex magistrado de dicha Corte y senador por el Polo Democrático, el único movimiento de izquierdas con representación parlamentaria. Entre los planes del nuevo presidente también figura la intención de convocar un referéndum para reformar el sistema político que incluirá la supervivencia de una sola Cámara, así como recortes en gastos salariales y de pensiones de los congresistas, o la de petición de escaños para los grupos subversivos que abandonen las armas. El documento, que será discutido próximamente en el Congreso, pretende la disolución del Senado y de la Cámara de Representantes para crear una sola Asamblea de 160 miembros elegidos al término de elecciones anticipadas. Sin duda alguna, el proyecto de Uribe que más controversia ha creado es el de la creación de una red de un millón de civiles que trabajarán como informadores para las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la creación de un cuerpo, integrado también por ciudadanos de a pie, de soldados y policías de apoyo a las Fuerzas Armadas. Las ONG nacionales y extranjeras ven en esta pretensión del nuevo presidente una puerta abierta para la violación de los Derechos Humanos. Se trata de convencer a personas comunes de que trabajen con los cuerpos de seguridad estatales a cambio de un pequeño salario. En principio no irían armados, aunque no se descarta esa posibilidad, y recibirían entrenamiento militar algunos días festivos. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazaron en varias ocasiones a lo largo del mes pasado, el ofrecimiento hecho por Álvaro Uribe para que la ONU medie en el conflicto colombiano. En varios comunicados, los guerrilleros descalificaron al organismo internacional y a su secretario general, Kofi Annan, a los que acusó de haber sido “meros mensajeros” del anterior presidente, Andrés Pastrana, en las últimas negociaciones en las que participaron. En su última comunicación a este respecto, insistieron en que “el conflicto social y armado que padece Colombia desde hace casi cuatro décadas es entre la insurgencia y el Estado colombiano y no entre la ONU y la insurgencia colombiana”. Sin embargo, los líderes guerrilleros se mostraron dispuestos a iniciar un diálogo con la condición de que se cree un área neutral de 113.850 kilómetros cuadrados, tres veces mayor que el terreno concedido por el ex presidente Andrés Pastrana en noviembre de 1998.