INMIGRACION

El Tribunal Constitucional juzgará la Ley de Extranjería

Por Mª Jesús Torres2 min

España23-05-2001

España demuestra continuamente su preocupación por la inmigración, que será una de sus prioridades durante su presidencia de la Unión Europea (UE). Este interés no ha impedido al Partido Popular (PP) rechazar tres protocolos europeos que protegen a los inmigrantes por no considerarlo "urgente". Un día antes, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos contra la Ley de Extranjería presentados por ocho comunidades autónomas y el Partido Socialista (PSOE).

La decisión del Tribunal Constitucional no supone ningún tipo de pronunciamiento sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería. Es el reconocimiento de la legitimidad de los recurrentes y el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley. Ahora el Constitucional deberá juzgar si la Ley de Extranjería vulnera los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga recogidos en la Constitución Española. Baleares, Aragón, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, junto con una lista de diputados del PSOE, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, recurrieron la norma aprobada con la mayoría absoluta del Gobierno el pasado mes de marzo. El Defensor del Pueblo decidió entonces no recurrir la ley, a pesar de las 769 peticiones que recibió, ya que sus informes le indicaban que la ley "es constitucional". Los derechos de los inmigrantes también son el vértice de los tres protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que el PP rechazó por no considerarlos urgentes. Dos de ellos fueron firmados por el Gobierno pero la mayoría absoluta del PP en el Parlamento impidió que se aprobara su ratificación y que dichos protocolos siguieran su curso. El protocolo número 4, aprobado en 1963, prohíbe expulsiones colectivas de extranjeros como la que hizo el Gobierno el pasado 15 de mayo a 37 nigerianos. El protocolo 7, de 1984, recoge las "garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros". El protocolo de más reciente creación, el número 12, señala que el disfrute de todo derecho debe ser asegurado "sin discriminación alguna". Por otro lado, el Congreso aprobará esta semana la Ley Orgánica de Derecho de Petición, una norma que desarrolla un derecho fundamental recogido en el artículo 29 de la Constitución. Arropada por un amplio consenso, esta nueva ley ampliará el derecho de petición a "toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, si la tuviere", lo que significa que los extranjeros indocumentados también podrán acogerse a este derecho fundamental. A partir de enero, cuando España presida la UE, promoverá una directiva sobre residencia de extranjeros en la UE y otra para armonizar las políticas sobre el asilo.