CANARIAS

El Gobierno da luz verde a las prospecciones en Canarias

Por Sergio Castilla4 min

Economía13-08-2014

Repsol ya tiene la autorización del Gobierno para iniciar las prospecciones petrolíferas en Canarias, tal y como ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La resolución autoriza a realizar hasta tres sondeos en tres puntos de las cuadrículas que la petrolera tiene asignadas. La resolución viene acompañada de varias condiciones, entre las que figura la suscripción de un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros y la vigilancia de los movimientos sismológicos en Fuerteventura y Lanzarote. Las ONG ecologistas en contra del proceso ya han anunciado que recurrirán la autorización.

Según una publicación en el BOE de este miércoles, la Dirección General de Política Energética y Minas ha autorizado mediante una resolución a realizar hasta tres sondeos -dos exploraciones, más otra condicionada a los resultados de los dos primeros- en tres puntos de las cuadrículas que la petrolera tiene asignadas y que se denominan Sandía (3.170 metros de profundidad, los 870 primeros, de agua), Chirimoya (3.000 metros de profundidad, los primeros 1.019, de agua) y Zanahoria (6.900 metros de profundidad, 1.022 de ellos, de agua), con una vigencia de tres años. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este miércoles que la autorización a Repsol para iniciar las investigaciones en Canarias se ha concedido "tras estudiar todas las alegaciones" y después de que su departamento haya ampliado en cinco días el plazo inicial de diez días de audiencia pública para recoger los comentarios de los afectados. Soria anunció además que, si Repsol encuentra hidrocarburos en las aguas próximas a Canarias, planteará la aprobación de cambios tributarios para que las islas puedan recibir ingresos procedentes del petróleo, cuya cuantía se destinaría tanto a la Comunidad Autónoma como a los cabildos y a los ayuntamientos de la zona. El pasado mes de julio, Repsol ya anunció su intención de empezar las prospecciones en el último trimestre de este año. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, precisó que los trabajos comenzarían en el área denominada como Sandía, un punto del océano situado a unos 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura, donde su barco perforador, "de séptima generación", deberá atravesar 870 metros de agua antes de llegar al lecho marino. En concreto, la titularidad actual del permiso corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas (50 por ciento), Woodside Energy Iberia (30 por ciento) y RWE Dea AG (20 por ciento), actuando la primera de ellas como operador. La resolución viene acompañada de 14 condiciones. Entre ellas, figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros. Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos. Otra condición consiste en que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones. Junto a esto, el operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos. También deberá instalar sistemas de control de la sismicidad en Lanzarote y Fuerteventura para monitorizar cualquier movimiento que se produzca en el subsuelo como consecuencia de las perforaciones en un radio de 20 kilómetros alrededor del sondeo. Asimismo, se establece que las perforaciones se detendrán si se produce un terremoto natural con intensidad superior a 4,5 en la escala de Richter en un radio de 75 kilómetros del sondeo. Para el ministro, el hallazgo de crudo en la zona "sería una extraordinaria noticia para la economía canaria y para la economía española". El país reduciría su dependencia exterior de hidrocarburos, que en la actualidad ronda el 99 por ciento, y mejoraría su balanza comercial, mientras que Canarias disfrutaría de una actividad económica adicional "por ser la más próxima al lugar de los sondeos y por los ingresos fiscales que se derivarían del tributo sobre la cantidad de hidrocarburos a establecer". Soria no cuantificó el efecto positivo de las eventuales extracciones de hidrocarburos sobre el empleo, pero recordó la asiduidad con la que diferentes unidades petrolíferas marítimas atracan en puertos canarios. "Cada una de estas unidades deja entre 25 y 30 millones de euros en actividad económica", ilustró. Tras conocerse la autorización para las prospecciones, la consejera de Industria, Francisca Luengo, ha asegurado que el Gobierno de Canarias "va a hacer todo lo que esté a su alcance" para tratar de impedir que éstas se lleven a cabo finalmente. En este sentido se ha pronunciado el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, que ha insistido en que el procedimiento para las prospecciones "está plagado de irregularidades", afirmando que solicitarán la suspensión cautelar de la autorización. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, comparecerá este jueves, 14 de agosto, a las 11.00 horas, para exponer su visión tras la autorización de Industria. Las ONG ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España, Greenpeace, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han coincidido en condenar el "sinsentido" de la decisión que consideran "irregular" y "opuesta al interés general" y han criticado la "falta de información y trabas burocráticas" que, a su juicio, han dominado durante la tramitación del expediente. Por ello, recurrirán ante los tribunales españoles y europeos, tal y como han anunciado.