ERE ANDALUCÍA

El Supremo investigará a los aforados del caso de los ERE

Por Sergio Castilla2 min

España12-08-2014

El escándalo de los ERE de Andalucía llega al Supremo. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha recibido este martes la exposición razonada de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, "relativa a varias personas aforadas", según ha informado el propio tribunal. La magistrada ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados "preimputados".

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha enviado este martes el caso al TS para que pueda continuar con sus investigaciones en lo que concierne a los aforados implicados en la trama. El documento, que esta mañana ha entrado en el registro, viene acompañado de varios tomos del sumario. Al tratarse de un asunto que no exige una decisión con inmediatez, esta exposición razonada no irá a la Sala de Vacaciones del TS, que es la que en estos momentos está de guardia, sino que pasará a la Sala de lo Penal. Entre estos "preimputados" se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, actualmente diputado en el Congreso, y José Antonio Griñán, que es senador y que por ello serían aforados ante el Supremo. También se encontrarían en el caso el exconsejero José Antonio Viera, también diputado en el Congreso, mientras que el resto son otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, actuales diputados del PSOE en el Parlamento andaluz. En opinión de la juez, la cúpula de la junta era conocedora del pago a través de las llamadas transferencias de financiación, el cual desembocó en la concesión "arbitraria" de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación", con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio". Ahora el alto tribunal valorará si el contenido de la documentación enviada es suficiente para admitir la causa e investigar a los siete exaltos cargos implicados, acotar la instrucción y tramitar los correspondientes suplicatorios. El escándalo de los ERE consiste en la subvención de falsas prejubilaciones y ayudas fraudulentas a empresas por parte de la Junta de Andalucía. Actualmente se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados. En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales". El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.