GIBRALTAR

Gibraltar será investigada por contrabando de tabaco y blanqueo

Por Sergio Castilla4 min

España11-08-2014

Europa da la razón a España. La Unión Europea considera que "hay motivos" más que suficientes para creer que en Gibraltar existe contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. Y pide que la justicia española y la británica actúen contra el Peñón para determinar si se están cometiendo tales delitos y, en consecuencia, perseguirlos. El veredicto supone un éxito para el Gobierno español, que justifica los controles aduaneros en La Verja por la necesidad de luchar contra el contrabando de tabaco y denuncia, además, que el régimen fiscal gibraltareño facilita el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la OLAF, con sede en Bruselas, son claras: "Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros, o de otra índole, han sido cometidos". En una carta remitida el pasado mes de julio al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del ministerio español de Hacienda, en el que se deja constancia de estos hechos, se ha recomendado la apertura de diligencias judiciales tanto a España como al Reino Unido. En concreto, la OLAF se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado española para que inicie "las correspondientes diligencias judiciales en relación al contrabando de tabaco desde Gibraltar y el blanqueo de capitales"; y al representante permanente del Reino Unido en la UE, para que "transmita a las autoridades gibraltareñas" la misma recomendación. La OLAF abrió su investigación a iniciativa española y sus inspectores han estado tres veces en Gibraltar: en septiembre del año pasado y en julio de este año, dentro de una misión más amplia de la Comisión Europea que inspeccionó las colas en La Verja; y en marzo pasado, en una visita específica. Entre los datos a los que ha accedido la OLAF hay varios que resultan esclarecedores: entre 2006 y 2011, las exportaciones de tabaco por vía terrestre con destino a Gibraltar se han triplicado, algo que no se corresponde con la población del Peñón, de 30.000 habitantes. En 2012, las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas. De ir destinadas sólo al mercado de consumo interno, equivaldría a que cada gibraltareño -desde un recién nacido a un anciano de 100 años- fumaría al día 180 cigarrillos. A medida que ha aumentado el control en la parte española de la Verja, ha crecido el número de cajetillas intervenidas: 636.499 en 2012 y 971.463 en 2013. Hasta mayo de 2014, ha habido 295.698 cajetillas menos circulando en el mercado negro en España. Así mismo, autoridades españolas estiman que el 19 por ciento del PIB de Gibraltar proviene de los aranceles por la importación de tabaco. En términos globales, supone el 33 por ciento de ingresos de su presupuesto, la cantidad que la colonia destina a Sanidad y Educación. Tras conocer el informe, todo apunta a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá una investigación. Las fuentes del Ministerio Fiscal consultadas señalaron que las actividades descritas por la UE podrían ser competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de delitos cometidos por españoles en el extranjero, que corresponde investigar a este tribunal en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En este sentido, explicaron que una vez que se analice en profundidad el informe de la OLAF, el Ministerio Público abrirá una investigación, nombrará a un fiscal instructor y decidirá si pone el asunto en manos de uno de los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre estos hechos: "El único objetivo que está buscando España es que se cumpla la legalidad internacional y la legislación comunitaria. Seguimos proponiendo la puesta en marcha de grupos ad hoc [de composición variable] para resolver los asuntos pendientes", declaró. Hacienda, por su parte, arremete contra la pasividad del Gobierno gibraltareño, mediante la cual ampara este tipo de actividades, y subraya que el informe de la OLAF "viene a dar la razón a la política del Gobierno y más en concreto de la Agencia Tributaria, en su labor de luchar contra el fraude y la economía sumergida". El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha manifestado que "lo que no se puede tener en medio de la UE es un paraíso fiscal". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la UE que "se activen los mecanismos" y se investigue "hasta las últimas consecuencias" el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en el Peñón. Se trata tan sólo de una de las líneas de conflicto existentes entre España y Reino Unido por Gibraltar. Recientemente, la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea concluyó que, en contra de las pretensiones españolas, ni el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, supuestamente para crear arrecifes artificiales; ni la práctica del bunkering (venta de combustible desde gasolineras flotantes); ni el relleno con arena de la costa este del Peñón vulneraban, en principio, la legislación comunitaria. Sin embargo, la principal polémica tiene lugar en torno a los controles de entrada y salida del Peñón, que Londres y Gibraltar consideran excesivos y a los que atribuyen intencionalidad política.