Ley de Protección de la Infancia

El Gobierno aprueba medidas para proteger a la infancia

Por Beatriz Álvarez Gallardo3 min

Sociedad27-04-2014

Reforzar la protección frente a abusos sexuales, contemplar la repercusión en el menor de los casos de violencia de género y agilizar los procesos de adopción son las principales novedades del anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

El Ministerio ha propuesto dos anteproyectos, la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Ley de Protección de la Infancia, que modifican hasta 13 leyes referentes a la atención de los menores; recogidas hasta ahora en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Adopción Internacional, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. La lucha contra los abusos sexuales a menores encuentra en ambos anteproyectos un fuerte respaldo. A partir de este momento, cualquier persona o institución en conocimiento de hechos de este tipo tendrá la obligación de comunicarlos al Ministerio Fiscal. Asimismo, los condenados por abusos a menores quedarán inhabilitados para desempeñar profesiones que entren en contacto con la infancia, como la docencia, la sanidad o los servicios sociales. Las nuevas leyes pretenden evitar que se vuelvan a producir casos como el del colegio Valdeluz, en el que los supuestos abusos sexuales cometidos por un profesor contra alumnas menores llegaron a oídos de la Comunidad de Madrid, sin que esta tomara medidas al respecto. Del mismo modo, los anteproyectos buscan una mayor protección de la víctima frente a su agresor, a fin de impedir que se repitan situaciones como las registradas en un municipio de Huelva, en el que el menor atacado se ve obligado a vivir frente a su agresor. De hecho, la nueva norma refuerza el aislamiento de los pederastas, prohibiendo el acercamiento de estos al menor o a cualquiera de sus destinos habituales (colegio, vivienda, etc.); así como cualquier tipo de contacto con él, incluido el visual. Por otro lado, y con el fin de preservar la salud psicológica de las víctimas, se evitará por todos los medios que los menores tengan que declarar varias veces sobre los abusos sufridos, un proceso que supone revivir constantemente el dolor y que puede derivar en un afianzamiento de los daños emocionales causados. Se calcula que los abusos sexuales pueden afectar en torno al 15% o 20% de los menores españoles, aunque la cifra es difícil de determinar, ya que no es habitual la denuncia de este tipo de sucesos. Se estima que tan solo el 2% de los casos llegan a ponerse en conocimiento de las autoridades. Otra de las modificaciones más importantes es la que atañe a familias en las que se han registrado casos de violencia machista. Mediante la aprobación de estas medidas, queda modificado el artículo primero de la Ley Integral contra la Violencia de Género, para que también figuren como víctimas los hijos de la mujer maltratada. Asimismo, variaciones en otros tres artículos persiguen que se limiten las concesiones de custodia y el régimen de visitas a padres maltratadores. Por último, los anteproyectos de ley aprobados por el Gobierno dan un paso adelante en la agilización de proceso de adopción. En el caso de las madres que decidan dar a su hijo en adopción en el hospital tras dar a luz, los trámites administrativos se simplifican reduciéndolos a una sola autorización durante las seis primeras semanas del alumbramiento. En la misma línea, los textos incorporan la posibilidad de traer a España un régimen adoptivo ya presente en Estados Unidos, la adopción abierta, que consiste en que la familia adoptiva mantenga contactos regulares con la biológica; previo acuerdo de ambas y del menor, en caso de estar capacitado para tal decisión. Por último, el Gobierno pretende ampliar esta protección mediante la obligatoriedad de que los menores de tres años que se encuentren bajo tutela estatal residan en todo caso con una familia de acogida, y nunca en una institución. Según el Ministerio de Sanidad, en 2011 se abrieron expedientes en relación a algún tipo de protección estatal a un total de 41.236 menores; uno por cada 200.