CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno reforma la ley de Protección Jurídica del Menor
Por Fernando García
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España26-04-2014
La sesión de este viernes del Consejo de Ministro ha dejado importantes resoluciones que regulan la protección de los menores de edad. Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación de plazos en los que se mantiene la ayuda a las familias numerosas de tres o más hijos, hasta cuando el menor de ellos cumpla los 21 años. Este periodo llegará hasta los 26 años en caso de estudios. También se agilizan los plazos en los procesos de adopción y se prohíbe el acceso a puestos de trabajos con niños en caso de haber sido condenado por abusos sexuales.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha comparecido para explicar las reformas adoptadas en el pleno. En concreto, se reforma el Código Civil, la ley de Adopción Internacional y la ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. Mato a afirmado que "es una ambiciosa" reforma que recoge las "exigencias del comité de derechos del niño de la ONU”. La aprobación de los anteproyectos responde a las medidas incluidas en el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado novedades en la regulación de la protección a la infancia. El nuevo texto dará prioridad al acogimiento familiar frente al residencial. Esto será de especial cumplimiento entre los infantes de menos de tres años de edad. Además, los plazos para la adopción se reducirán, y se impide que las familias que hayan devuelto a un menor adoptado puedan optar nuevamente al proceso. Se garantiza también el derecho de los menores a conocer a los padres biológicos La ministra ha anunciado que se endurecen las medidas para proteger a los menores víctimas de violencia de género o abusos sexuales. La nueva ley impide el desarrollo de profesiones relacionadas con niños a las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad sexual. Se obliga a cualquiera que tenga conocimiento de un delito contra menores a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Esta reforma sale al paso de la situación creada en el caso del colegio Valdeluz. Por último, los menores de 12 años deberán ser oídos en los procesos judiciales y se evitará la “victimización secundaria” de los afectados, que solo tendrán que declarar una vez en toda la causa.