Crisis económica
Andalucía y Cataluña son las que más adeudan a las universidades
Por E. Garagui
2 min
Economía05-07-2013
Hacienda ha publicado este viernes un informe donde detalla la deuda contraída por la Comunidades españolas con las universidades y farmacias. Este documento fue aprobado la semana pasado en Consejo de Ministros con la intención de "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos" y dar con una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas".
Esta memoria sitúa a Andalucía como la comunidad que más adeuda a las universidades con una cifra que se eleva hasta los 500 millones de euros, a día 31 de mayo de 2013. Por detrás de encuentran Cataluña, con 226,3 millones, y la Comunidad Valenciana, con otros 208,69 millones. Castilla. Castilla-La Mancha debe 79,16 millones, Canarias 16,6 millones, Baleares 13,7 millones, Aragón 13 millones y el País Vasco 3,5 millones. Sin embargo, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas, asegura el informe, con las universidades públicas en su ámbito competencial. En lo que a las farmacias se refiere, Valencia es la que más facturas por pagar acumulan, unos 191,72 millones. Cataluña, Murcia y País Vasco adeudan 169,95, 125,36, y 123,22 millones respectivamente. Por su parte las comunidades de Asturias y Castilla-La Mancha son las únicas que no tienen pendiente de pago ninguna factura a sus boticas. Todas estas facturas que adeudan las autonomías serán susceptibles de ser incluidas en la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá como máximo de 19.350 millones de euros de los que 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales. Sin embargo "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público". Por su parte, el Ejecutivo confía en que el impacto económico de esta medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también ha incluido en su plan de lucha contra la morosidad una partida de 687 millones de euros para que la comunidades salden las deudas contraídas con ONG y entidades sociales, muchas de las cuales tienen sus proyectos "estancados por problemas de tesorería".