CASO ERES

La jueza Alaya señala a la Junta en el caso de los EREs falsos

Por Natalia Méndez Aparicio3 min

España04-07-2013

Cuanto más avanza la instrucción del caso de los EREs falsos de Andalucía, más se escala en el orden jerárquico de responsabilidades. Tras la reciente imputación de la ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, la jueza Mercedes Alaya apunta al último escalafón de cargos públicos, los consejeros andaluces entre los que se encuentra el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Este caso de corrupción vinculado al PSOE es la derivación de otro, conocido como el caso Mercasevilla. La empresa Grupo La Raza había recibido una subvención por parte de la Junta de Andalucía, con el objetivo de construir una escuela de hostelería en unos terrenos que pertenecían a Mercasevilla. Sin embargo, al director de la empresa comprante le obligaron a dar la mitad del subsidio para poder impartir más tarde cursos de formación. Entre los imputados con cargos públicos más importantes sobresale Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo de la Junta, que por el momento se encuentra pendiente de recurrir la condena. Mercasevilla sigue siendo un proceso judicial vigente aún, pero también desembocó en lo que hoy se llama el caso de los ERE. Las sospechas de un fraude mayor en la sociedad mercantil se dispararon cuando los investigadores detectaron que el nombre de un miembro del PSOE de Andalucía aparecía en un expediente de regulación de empleo que había realizado la empresa. No obstante, esta persona nunca había trabajado para Mercasevilla. De esta manera, poco a poco se fueron descubriendo nuevos nombres de falsos prejubilados, mostrando un nuevo caso de corrupción política. Durante las investigaciones que se han llevado a cabo, se han hallado 183 irregularidades, de los cuales un pequeño porcentaje está constituido por militantes del PSOE. La jueza estimó que la cantidad desviada de la subvención de las prejubilaciones superaba el 1%, tratándose más o menos de unos 9 millones de euros. Estos datos fueron negados por ambos partidos y desde que la política española se encontraba en el punto de mira, las críticas contra la jueza Mercedes Alaya no cesaron, especialmente poniendo en duda su profesionalidad, además de la atención mediática que ha recibido, siendo comunes los comentarios de carácter machista. Por otro lado, salió a la luz que el marido de la jueza, Jorge Castro, había trabajado para Mercasevilla hasta que fue despedido por una negligencia continuada en su labor como auditor de la empresa. Este hecho llegó a oídos de uno de los abogados de la defensa que preguntó a la jueza si en algún momento había obtenido "asesoramiento técnico extraprocesal". La jueza que instruye el caso se retiró temporalmente del caso, debido a una neuralgia del trigémino, que en un principio la mantenía ausente durante unas semanas, aunque la baja se alargó hasta más de seis meses. Su baja dio comienzo en septiembre de 2012, siendo sustituida por Iván Escalera y más tarde Ana Rosa Curra Rojo. El problema de esta prolongada falta de Alaya supuso una oportunidad para que el Consejo General del Poder Judicial pudiese apartar a la juez del caso sancionándola con una jubilación por incapacidad permanente. No obstante, no se produjo dicha jubilación, debido a que la jueza retomó su labor en los juzgados en marzo de este año, dando comienzo a la operación Heracles. Se detuvieron a veinte personas al regreso de la jueza, entre ellos Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Lanzas, además de dar a conocer que las empresas de Ruiz Mateos también habían realizado expedientes de regulación de empleo con ciertas irregularidades. Al mismo tiempo que avanza la investigación judicial se abrió el camino para la investigación política. Así, en junio de 2012 comenzó la comisión de investigación sobre este caso en el Parlamento andaluz. Dicha comisión finalizó en noviembre del mismo año sin tomar resoluciones comunes.