COMPETENCIA

Las petroleras se enfrentan a una querella por pactar precios

Por Asún Losada2 min

Economía25-05-2002

La Plataforma de Consumidores de Carburantes, integrada por transportistas, agricultores y consumidores, ha conseguido, tras un mes de trámites, que la Audiencia Nacional admita la querella contra las petroleras Cepsa, Repsol, BP y el resto de empresas integradas en la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos).

El juez Guillermo Ruiz Polanco ha aceptado la denuncia con un informe favorable del fiscal de la Audiencia, Jesús Alonso. De este modo, si hay delito, éste habrá sido contra los consumidores y la economía nacional. Añade también el agravante de que los delitos se han producido en numerosas provincias. El secretario general de la UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), Fernando Moraleda, asegura que las empresas petroleras han engañado a los consumidores y han utilizado información privilegiada para pactar los precios de los carburantes. Añade que las compañías petroleras han impedido la libre competencia en el mercado de combustibles. El argumento de los consumidores es la evolución desigual entre el precio de los carburantes y el precio del petróleo en el período comprendido entre febrero del 2000 y marzo del 2002. Según fuentes de la organización agraria, la denuncia pretende que no se pierda el trabajo hecho por la Fiscalía Anticorrupción durante más de año y medio. De este modo, los afectados reclaman que la Audiencia Nacional exija todos los documentos y diligencias de la Fiscalía, así como los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a Cepsa y Repsol; además de las actuaciones practicadas por el Servicio de Defensa de la Competencia perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda. El secretario general de la UPA asegura que "el Gobierno se niega" a protagonizar esta investigación porque, según argumenta, "tiene miedo a la verdad cuando afecta a los poderosos". Por su parte, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, insiste en que los hechos descritos por Anticorrupción "no son constitutivos de delito". Cardenal se justifica que, en su día, el Tribunal de Defensa de la Competencia no halló indicios de delito en las resoluciones que impusieron multas de tres millones a Repsol y 1,2 millones de euros a Cepsa por pactar los precios. Repsol ha admitido, tras la querella impuesta, que presentará acciones legales contra la Plataforma de Consumidores de Carburantes.