DESAHUCIOS

La Policía vigilará a los políticos amenazados por escraches

Por Ana Pascual Ases3 min

España29-03-2013

La Secretaría del Estado de Seguridad ha enviado a las comisarías, a través de la Dirección Ajunta Operativa de la Policía Nacional (DAO), una Instrucción en la que se ordena identificar a quienes participen en los actos de hostigamiento a políticos, denominados como escraches. El escrache es una forma de protesta surgida en Argentina en la que los manifestantes se desplazan hasta el domicilio del responsable ante su descontento, y que desde principios de marzo se emplea en España para denominar las protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tienen como objetivo informar a los diputados que se muestran en contra de la dación en pago, de las “consecuencias dramáticas” de su negativa hacia la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Según han explicado fuentes del departamento de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, no existe un plan para establecer escoltas a los políticos que se sientan coaccionados por los promotores de la plataforma antidesahucios, además de dejar claro que la protección será temporal y que cualquier ciudadano que se sienta acosado puede acudir a la Policía Nacional o Guardia Civil para que activen la vigilancia que consideren necesaria en caso de supuestas coacciones o amenazas. Se trata de identificar a quienes se comporten de manera violenta y la detención solo se produciría si se presentaran agresiones, insultos graves, lanzamientos de objetos o cualquier otra circunstancia violenta, “como en cualquier otra manifestación”. El Ministerio de Interior ha insistido en que la presencia pacífica en el escrache no conlleva identificación ni detención. En la Instrucción firmada por Eugenio Pino, director de la DAO, y por la que ha pedido “máxima difusión”, se ha señalado que “contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratara de actos constitutivos de delito, se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente”. Esta decisión ha causado descontentos en varios sectores, la portavoz de la PAH, Ada Colau, ha lamentado que la Secretaría de Estado de Seguridad se centre en identificar a las personas que participan en escraches, “ciudadanos honrados que solo han dejado de pagar la hipoteca porque se han quedado en el paro”, y no envíen a la policía a identificar o detener casos de corrupción “gravísimos”. La organización Stop Desahucios de Bizkaia ha anunciado nuevos escraches dirigidos al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y al diputado del mismo partido Leopoldo Barreda. Por otro lado, José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha calificado como una “barbaridad” la Instrucción del Ministerio de Interior, asegurando que pone a los agentes “a los pies de los caballos” y en riesgo su seguridad jurídica. Ha añadido que cree que esto supone “retroceder” la ley de Seguridad Ciudadana, porque “si no se está cometiendo ningún delito, ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos” es injusto. En una reunión informal con François Hollande, presidente de la República de Francia, el presidente del Gobierno afirmó que las coacciones a sus cargos públicos no son casuales y que forman parte de una estrategia organizada y premeditada por parte de los sectores de la izquierda. Tachó los ataques como “profundamente antidemocráticos”, afirmando que si todos los ciudadanos españoles actuasen así, España sería “un país inviable”. “No es democrático ni es justo ni propio de un país serio que se acose a personas y se les intimide”, “cualquier persona que se sienta demócrata debe decir con valor” que dichos actos no son propios de un Estado de Derecho, manifestó Mariano Rajoy. Por último, declaró que es “consciente del problema” que sufren muchos ciudadanos que están perdiendo sus casas, y que su gobierno ha sido “el primero y el único que ha tomado decisiones” para resolver el problema.