SPANAIR

Fomento inicia un expediente sancionador y le exige responsabilidades

Por Caterina Crespo4 min

Economía29-01-2012

Spanair, aerolínea con importante participación directa e indirecta del Gobierno Catalán, era considerada como una compañía semipública estratégica para elevar el Aeropuerto Internacional de Barcelona y era considerada como una aerolínea de bandera de la Generalidat. Sin embargo, su “abrupto” cese de la actividad está siendo mirado con lupa por el ministerio de Fomento que inicia una expediente sancionador para exigirle responsabilidades.

El Ministerio de Fomento anunció este sábado que iba a iniciar "inmediatamente" un expediente sancionador a Spanair, para exigir a la compañía toda la responsabilidad que le corresponde por un abrupto cese de la actividad, según ha señalado el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá. El secretario de Estado ha asegurado que se hará recaer sobre ella toda la fuerza de la ley por el daño causado de manera irreparable a las personas que tenían expectativas de viajar en los próximos días. Para Catalá, la suspensión de la actividad de manera abrupta y tan inmediata como la que ha llevado a cabo Spanair, sin un preaviso suficiente a los pasajeros, es una causa evidente para abrir un expediente sancionador. "Es una causa de infracción y, por tanto, de hipotética sanción", ha resaltado. Catalá ha recordado que un billete de transporte aéreo es un contrato y, por tanto, la compañía tiene también responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones que tenia asumidas con los pasajeros. Desde el momento de la comunicación del cese de la actividad por parte de Spanair, el ministerio se ha dirigido a la compañía para exigir el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de la normativa europea. El gobierno catalán deja de ayudar a la compañía La sede principal de Spanair sigue estando en Barcelona y pese a que la mayoría de accionistas son empresarios catalanes, el Gobierno de la Generalitat ya no quiere seguir ayudándoles puesto el déficit de la empresa se cubría con dinero público y ahora la crisis no lo permite. El proyecto ha caído por su propio peso dejando colgados a 22.770 pasajeros el primer fin de semana tras su ruina y a 2.000 empleados directos (y 2.000 indirectos) en la calle. La incógnita ahora es cómo Cataluña recuperará los cerca de 150 millones públicos que se comió Spanair y quién cargará con la responsabilidad de una quiebra súbita, las posibles multas y una gestión más que dudosa. La venta de Spanair por parte de la escandinava SAS fue vista por la élite empresarial catalana como una oportunidad para que Cataluña tuviera una aerolínea que convirtiera El Prat en un aeropuerto de alto nivel en el que operan grandes vuelos internacionales. Todos aplaudieron la iniciativa y no pocos empresarios decían estar estudiando su entrada en el accionariado. Pero a la hora de la verdad, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de tres sociedades mixtas, acabaron pujando casi en solitario por Spanair. Invirtieron 37 millones, frente a los 20 millones de los empresarios. Además, se tuvieron que pedir prestados otros 50 millones. La Generalitat ha dejado claro que no puede hacerse cargo de las pérdidas ni de las indemnizaciones, y desde el sindicato que defiende a más de 2000 personas se ha dejado ya claro que los empleados deben verse recompensados. Los representantes sindicales de los más de 2.000 empleados de Spanair atrapados aseguraron no tener noticias de la compañía sobre el futuro de los empleos, y dejaron dos cosas bien claras: primero, instaron a la aerolínea a que acelere la solicitud del concurso de acreedores para pasar al paro de forma provisional y no quedar en el limbo de no trabajar sin haber sido despedidos; segundo, exigieron a la Generalitat que asuma parte de la responsabilidad sobre el futuro de los trabajadores como accionista mayoritario e inversor. “La Generalitat no puede salir de rositas, ha estado jugando con pólvora sin un plan de viabilidad”, manifestó el secretario de organización del sector aéreo de CC OO, Jorge Carrillo. USOC, primer sindicato en la empresa, reclamó “actuaciones urgentes por parte de las administraciones para minimizar los efectos laborales” y a la Generalitat “que asuma su responsabilidad”. Desde UGT, el responsable del sector aéreo en Cataluña, Javier Extremera, se sumó al ruego de que “la Generalitat diga el qué”. El Partido Popular, por su parte, salió ayer en defensa de la decisión del Gobierno catalán de frenar la ayuda económica que este venía dando a la aerolínea Spanair. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, apoyó ayer al Ejecutivo de Artur Mas y recordó que la compañía tenía una “posición privilegiada” respecto a otras empresas y sectores afectados por la crisis pero sin ese volumen de ayudas. Aun así, la líder del PP consideró que la Generalitat debe hacer lo posible para salvar los puestos de trabajo contribuyendo a buscar socios para la aerolínea. Para el Gobierno central es difícil asumir este problema pues no tiene dinero y hay más empresas de carácter público y privado en bancarrota.