INMIGRACION

Múgica defiende la independencia del Defensor del Pueblo

Por Raquel González2 min

España29-03-2001

"Si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción". Enrique Múgica utilizaba esta expresión para referirse a la actitud de muchos de aquellos que solicitaron que presentase un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería. "No se puede abusar de los tribunales con recursos sin indicios suficientes" igual que el Defensor no puede presentar recursos "para ver qué sale".

El Defensor del Pueblo defendió su "presunción de independencia", avalada por la mayoría en las Cortes que obtuvo para el cargo de Defensor del Pueblo. Así justificaba una decisión que ha llevado a muchos a poner en entredicho su independencia, los mismos que han pedido que comparezca en el Parlamento. Existe "una tradición de la Institución", dijo Múgica, de no interponer recurso de inconstitucionalidad cuando ya lo ha hecho cualquiera de las instituciones legitimadas para ello. Pese a ello, el Defensor del Pueblo decidió atender las 771 peticiones que había recibido de individuales, ayuntamientos, partidos, sindicatos, ONG y demás instituciones. Se apoyó en los dictámenes de los Consejos de Estado y del Poder Judicial, de los cuatro catedráticos de Derecho Constitucional consultados y de los asesores internos. La conclusión fue que la ley "es constitucional" aunque "es una deducción que no va a misa" porque esa valoración "le corresponde al Constitucional". Los derechos olvidados para los irregulares en la Ley de Extranjería, aclaró, son "de configuración legal" y su ejercicio puede ser limitado por ley. La Constitución permite someter a condiciones el ejercicio de esos derechos, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pese a todo, Enrique Múgica presentó 13 recomendaciones al Gobierno para mejorar la ley. Esas sugerencias afectan a los inmigrantes que tengan opción a un contrato laboral y que se encuentren en España, a los ocupados en el servicio doméstico y a los que denuncien situaciones ilegales y de abuso. Por otro lado, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi el 79 por ciento de los consultados cree que sólo se debería permitir la entrada en España de inmigrantes que tengan un contrato de trabajo, cifra que ha aumentado respecto al año pasado. El Ejecutivo cree que éste y otros datos avalan la Ley de Extranjería y la política de inmigración del Gobierno.