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LEY DE PARTIDOS

El Gobierno y el PSOE acuerdan una ley para disolver a Batasuna

Por Cristóbal Cabezas MartínTiempo de lectura1 min
España22-03-2002

La Ley de Partidos Políticos establece que el Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Ministerio Fiscal pueden instar ante el Tribunal Supremo la ilegalización de partidos que apoyen o protejan el uso de la violencia, que presenten en sus listas condenados por delitos de terrorismo, o que no respeten los principios democráticos y constitucionales.

La Ley abre la opción de que se pueda ilegalizar a partidos como Batasuna (antes Herri Batasuna) por múltiples causas. Señala que un partido político será prohibido cuando su actividad no se ajuste de "forma reiterada y grave" a los principios constitucionales y democráticos o "cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Además, con la Ley de Partidos se evitará que el brazo político de ETA utilice la trampa de escoger nuevas denominaciones o constituirse en agrupaciones de electores para eludir la ilegalización. "Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político que continúe o suceda la actividad de otro declarado ilegal y disuelto". Asimismo, en la lucha contra el terrorismo, la Ertzaintza detuvo en Bilbao a seis presuntos cooperadores del antiguo comando Vizcaya. Los detenidos son Juan Maidagan, Iñaki Beaskoetxea, Aitor García, Mikel Jauregi, Cristina Monge y María Ángeles Pastor. Los agentes requisaron en los inmuebles registrados diversa documentación, pero no encontraron ni armas ni explosivos. El consejero vasco de Interior, Javier Balza, afirmó que los arrestados están acusados de proporcionar "infraestructura, apoyo y ayuda a los comandos en sus movimientos". Balza desvinculó las detenciones de las investigaciones centradas en desarticular al actual complejo Vizcaya. A este grupo se achacan los últimos atentados en esta provincia, entre ellos el asesinato a finales del año 2001 del magistrado José María Lidón y los atentados contra dos ertzainas y los socialistas Eduardo Madina y Esther Cabezudo.