REFORMA LEGAL
El consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de Cajas de Ahorros
Por Marta Sanz
2 min
Economía09-07-2010
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto por el cual se modifica la actual Ley de Cajas de Ahorro, cuyos principales objetivos son la capitalización de las entidades y su profesionalización y democratización. Maria Teresa Fernández de la Vega destacó en una rueda de prensa posterior al Consejo que estas medidas son fruto de un diálogo continuo con el principal partido de la oposición, el PP, y con las propias cajas de ahorro.
La vicepresidenta primera del Gobierno recalcó además que esta reforma era necesaria, y trascendental, teniendo en cuenta la reestructuración del sistema financiero. Esta nueva ley permite a las cajas emitir cuotas participativas con derechos políticos, siempre que estas no superen el 50% de su patrimonio. Esto permitirá la entrada de inversores privados, y los derechos políticos serán directamente proporcionales a su participación en el patrimonio de la caja. Si ceden más del 50%de su capital privado, la ley obliga a las entidades a transformarse en instituciones. Además se limitará la representación política, se establece la incompatibilidad de los cargos electos con el ser miembro de los órganos de gobierno de las cajas, y no se pemite la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobiernos de las entidades. También se le intentará profesionalizar al máximo estos órganos de gobierno, exigiendo requisitos de cualificación y experiencia al menos a la mitad de los miembros. Las decisiones fundamentales de la caja tendrán que ser apoyadas por una mayoría de dos tercios de los presentes. Las primeras opiniones sobre la caja ya se han empezado a escuchar. Fernando González-Moya, ex presidente del Consejo General del Colegio de Economistas de España, considera que la reforma “facilitará los procesos de integración” de las entidades, aunque esta “no implica en principio de las leyes autonómicas, al menos no en profundidad”. González-Moya considera que la aplicación de la ley LORCA dependerá sobre todo del ejercicio político de los órganos de gobierno de cada caja. Además apuntó que esta ley “abre nuevas posibilidades de capitalización”, ya que las propias cajas podrán decidir ahora si se quedan como están, o si empiten participaciones preferentes y salen al mercado de capital para financiarse. Concluye diciendo que esta reforma, que no ha podido acometerse antes, es en definitiva innovadora y positiva.