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VETO A TELEFÓNICA

La UE ilegaliza la acción de oro de Portugal a la empresa española

Por Marta SanzTiempo de lectura1 min
Economía09-07-2010

Fueron muchas las voces que anunciaron que la acción de oro anunciada por Portugal, y que consistía en el veto a Portugal para impedir que se hiciera con la participación que el principal operador del país luso tiene en el operador brasileño Vivo, no podía llegar a buen puerto. El Tribunal de Justicia europeo daba la razón a todas esas voces a través de una sentencia que se ha dado a conocer este pasado jueves

La Comisión Europea ya había denunciado que dicha acción infringe el derecho comunitario. Sin embargo, el ejecutivo de José Sócrates, primer ministro de la República de Portugal, ejerció el pasado 30 de Junio la llamada ‘acción de oro’, pese a que una gran mayoría de Portugal Telecom votaron a favor de la oferta de Telefónica sobre Vivo. Esto supone para el Tribunal “una influencia injustificada” por parte del gobierno sobre PT, que “puede disuadir a los operadores de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas”. Además, el Tribunal Ejecutivo de la Unión Europea desestima las alegaciones presentadas por parte del gobierno luso, ya que no atañe al objetivo de mantener la seguridad de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo. En estos casos el Tribunal sí reconoce una razón lícita para intervenir, pero la sentencia recuerda que la seguridad pública "sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y en este no cabe admitir tal justificación. La Comisión Europea, al ser publicada la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, rogó a Portugal que la cumpliera “lo más rápidamente posible”, y reafirmó que su oposición a las acciones de oro en contra de empresas europeas como regla es la correcta. “Excepto en casos muy limitados y excepcionales, las acciones de oro van contra el mercado interior, , contra el principio de libertad de circulación”. Portugal, por su parte, ha declarado que acata, aunque no comparte, la sentencia.