ESPÍAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La polémica del caso, al detalle

Por Rodrigo Romero3 min

España25-06-2010

En los alrededores de su despacho y en torno a su casa en una población cercana a la capital. De este modo se producían los seguimientos a Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, en abril de 2008. Desde septiembre de 2007, el departamento de Interior de la Comunidad de Madrid había contratado a tres ex guardias civiles como asesores de seguridad.

Tres guardias civiles que en el momento del descubrimiento de la trama trabajaban a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña, el cual reconoció que entre sus tareas estaba la elaboración de informes sobre tramas de corrupción en ayuntamientos dirigidos por socialistas. Y es que tras el fracaso electoral de Mariano Rajoy en las generales de marzo, se desencadenó con avidez la lucha interna por el poder del Partido Popular, de ahí el espionaje recibido. Los partes de seguimiento del vicealcalde coincidieron con un momento político en el que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón apoyó de manera activa y continua a Mariano Rajoy para que continuase al frente del partido. En ese periodo, tuvo un peso vital la información de quién se reunía con quién o quién comía con quién dentro del PP para comprobar alianzas, deserciones o cambios de filas en las posturas enfrentadas en el partido. Aguirre y Rajoy pugnaban por ganar adeptos a su causa. Y los partes fueron un buen test para saber si alguien de las filas aguirristas simpatizaba con los marianistas o para deducir qué poder y contactos tienen con Rajoy los fieles a Ruiz-Gallardón, y si estaban intentando captar fieles en las filas del Gobierno regional. La investigación, cuya fecha de finalización es el día 8 de Abril de 2007, coincide con una reunión cuyo plato fuerte fue la discusión de cuántos compromisarios debían corresponderle al PP de Madrid en el inminente congreso del partido. Los cargos afines a Aguirre se quejaban de que en el congreso nacional, a Madrid le correspondían menos compromisarios de los que debería tener en función de su peso por afiliados. Manuel Cobo, presente en la reunión, se quejó de que los estatutos de Madrid también limitaron su propia candidatura en 2004, y entonces los aguirristas no protestaron. Los seguimientos a políticos por parte de ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid fueron negados tanto por el consejero de Interior, Francisco Granados, como por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Su Gobierno decidió trasladar a la fiscalía el 29 de Enero una petición para que se investigue el espionaje al vicepresidente, Ignacio González, en sus viajes públicos y privados al extranjero. En el caso del desplazamiento a Cartagena de Indias (Colombia) en viaje oficial, González fue grabado mediante cámaras ocultas. En su viaje privado a Johanesburgo, en compañía de un contratista de la Comunidad de Madrid, los espías lograron copia de sus billetes, pagados en metálico. El propio González sospecha que hubo complicidades internas dentro de la Comunidad para llevar a cabo el espionaje al que fue sometido en Cartagena de Indias, según se desprende de su propia denuncia. El delito que investiga el juez por la denuncia de la Comunidad está tipificado en el artículo 197 del Código Penal y será atribuido al que "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o de cualesquiera otros documentos o transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación". Está castigado con penas de 1 a 4 años de prisión.