CASO FAISÁN

El caso Faisán recuerda el conflicto político por el diálogo entre el Gobierno y ETA

Por Gracia Paula1 min

España15-02-2010

Ya van más de tres años de idas y venidas en torno al caso Faisán. Todo comenzó el 4 de mayo de 2006 cuando una persona presuntamente relacionada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entregó un teléfono móvil al supuesto miembro de ETA Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, situado en Irún (Guipúzcoa), lugar en el que se llevaba a cabo el pago del “impuesto revolucionario” derivado de las extorsiones originadas por la banda terrorista.

Actualmente, la investigación la dirige el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La investigación se saldó con el procesamiento de 24 personas implicadas en el envío de cartas de extorsión de ETA a empresarios vascos y la gestión del cobro en diversos periodos entre marzo de 2005 y febrero de 2006. En un principio el caso le fue asignado al Juez Fernando Grande – Marlaska durante un periodo sabático solicitado por Garzón. El 5 de octubre de 2009 la Audiencia Nacional instó al juez Garzón que archivase la investigación abierta sobre el chivatazo. Tras tres años de investigación según el juez no existen pruebas que demuestren la hipótesis de que Víctor García Hidalgo, entonces director de la Policía, estuviese detrás de la filtración. Puesto que el supuesto chivatazo se produjo en mayo de 2006, se puede enmarcar unos meses después del inicio de la tregua de ETA. El PP planteó una batería de 25 preguntas que fueron expuestas en el Congreso en noviembre de 2009 con el fin de aclarar presuntas irregularidades en un caso que “merece una explicación”. El secretario de comunicación del Partido Popular declaró que “la inteligencia política que facilitó la filtración tuvo que ser la de Pérez Rubalcaba”. Los dos principales sindicatos de la Policía Nacional SUP y CEP, pidieron que no se investigue sólo a los policías. A su juicio “se debe investigar del director general de la policía hacia arriba”. Según el Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba explicará el supuesto chivatazo policial a ETA, pero lo hará una vez que la justicia se pronuncie sobre el mismo. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal declaró que Interior debe aclarar si da "prevalencia a etarras o a policías".