CASO FAISÁN
La Audiencia fuerza a Garzón a seguir investigando el caso del chivatazo
Por Esteban del Pozo2 min
España15-02-2010
A pesar de la petición de sobreseimiento, finalmente se tendrá que llegar hasta el final del caso. Esto es lo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón, para que continúe investigando el supuesto chivatazo policial que alertó a ETA, durante la etapa de negociación con el Gobierno de Zapatero, de la operación que se iba a llevar a cabo en el bar "Faisán", contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomaron esta decisión después de estimar los recursos presentados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían pedido. En concreto, Garzón rechazó un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones. Entre ellas destaca la negativa del magistrado a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la Policía Nacional alegando que “los funcionarios asignados a esta investigación ya han realizado una actuación exhaustiva difícilmente superable”. También deberá solicitar, el magistrado, a Francia el tráfico de las llamadas que efectuó uno de los presuntos responsables del aparato de extorsión de la banda, Joseba Elosúa, y que se tome declaración a tres policías que participaron en el operativo en el que se le detuvo. Ahora, los magistrados ordenan a Garzón tomar declaración a tres policías nacionales y que se analicen con más profundidad las llamadas que rodearon el chivatazo, entre otras cuestiones. La sala, compuesta por los jueces Ángel Hurtado, Julio de Diego y el encargado de redactar el auto, Enrique López, considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, "hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesto aviso. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.