Las consecuencias de excarcelar a ‘El Negro’

Por María Fernández Riveras2 min

España10-02-2002

Se ha dado la vuelta a la tortilla y, ahora, son los jueces encargados de la Operación Temple los que están siendo juzgados. La liberación del presunto narcotraficante Carlos Ruíz Santamaría, El Negro, el pasado mes de diciembre les ha costado a los tres jueces de la Audiencia Nacional la suspensión de sus funciones.

Todo comenzó el pasado sábado 22 de diciembre cuando el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional compuesto por Carlos Cezón, José José López Ortega y Carlos Ollero ordenó la excarcelación de Ruíz Santamaría bajo una fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas). Los magistrados fundamentaron esta decisión en un informe psiquiátrico que aseguraba que Ruiz Santamaría padecía un "trastorno bipolar con tendencias suicidas". Lejos de suicidarse, Santamaría encontró la ocasión perfecta para huir. No pisó el domicilio madrileño que había aportado a los jueces y del que no debería salir hasta que se celebrase el juicio, previsto para el pasado 14 de enero. Aún se desconoce su paradero, que sigue siendo una incógnita para la policía. Carlos Ruíz Santamaría, de 40 años, está acusado de organizar una operación de narcotráfico de once millones de toneladas de cocaína. La Fiscalía Antidroga pide para él 60 años de cárcel y 414,7 millones de euros (69.000 millones de pesetas) de multa por coordinar la introducción en España de más de diez toneladas de cocaína y 208 kilos de heroína. La decisión de liberar a uno de los principales cabezas de la Operación Temple a veinte días de que se celebre le juicio y después de llevar cuatro años en prisión preventiva fue duramente criticada. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, interpuso una querella por prevaricación, es decir, por dictar con conocimiento una sentencia injusta. Asimismo, instó al Supremo a que comunicase su decisión al Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) para que suspendiese de sus funciones a los magistrados. El pasado miércoles 6 de febrero, por una votación de 12 a 9, el CGPJ decidió suspender de la tarea judicial a Ollero, López Ortega y Cezón. Por el contrario, el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y los magistrados de la Sala de lo Penal siempre han defendido la honradez de sus compañeros.