JUSTICIA

El Congreso aprueba que España deje de ser el gendarme del mundo

Por Carmen Rodrigo2 min

España25-06-2009

El Congreso aprobó con mayoría absoluta la reforma legislativa que limita las competencias de los tribunales españoles para juzgar cualquier vulneración de los derechos humanos. A partir de ahora, casos como los ya abiertos por la Audiencia Nacional contra dirigentes políticos chinos por la represión en el Tíbet o contra los responsables de Guantánamo sólo competerán a los juzgados españoles “cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español”.

PSOE, PP, CiU y PNV votaron a favor de esta reforma dentro del proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. Iniciativa per Cataluña, IU y ERC son los únicos partidos que se han opuesto a la reforma. "Hoy es un día triste para la Justicia universal y para la defensa de los Derechos Humanos y para las víctimas, hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza", declaró el diputado de IU, Gaspar Llamazares. Para la mayor parte de la Cámara Baja, esta reforma evitará los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables. "En ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno", afirmó el diputado socialista Julio Villarrubia. Y es que España es uno de los pocos países que en 1985 había validado el principio de justicia universal. Tras esto, han sido numerosos los casos abiertos. En 1998, Baltasar Garzón ordenó en virtud de este principio el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Eloy Velasco se encuentran juzgando hoy en día un bombardeo israelí sobre Gaza ocurrido en 2002 y una querella contra los responsables de Guantánamo, respectivamente. La causa por genocidio en el Tíbet que el juez Santiago Pedraz abrió es otro ejemplo. Todos estos jueces están en contra de la reforma. Sin embargo, otros miembros de la Audiencia Nacional como su presidente, Ángel Juanes, apoyan el establecimiento de límites para "buscar un equilibrio entre la impunidad y la no injerencia en asuntos ajenos". Pero el primero en manifestarse en contra de estas competencias fue precisamente el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien aseguró que “España no puede ser el gendarme del mundo”. Quienes también están en contra de la reforma son varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además del sindicato UGT. Siete organizaciones en total firmaron un manifiesto conjunto donde calificaban de "Día de luto para la justicia internacional" la fecha en que se ha aprobado tal reforma. El manifiesto vaticina que la reforma "tendrá graves consecuencias para la lucha contra la impunidad".