MEDIO AMBIENTE
El ministro Sebastián defiende la energía nuclear
Por Luis A. López
2 min
Sociedad28-06-2009
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, destaca que llegado el momento, los argumentos que se valorarán para decidir el futuro de las otras centrales serán los que figuran en el programa electoral del Partido Socialista, que "es muy claro y que yo comparto plenamente", asegura.
El máximo responsable de la cartera de Industria responde así a la diputada del PP, Sandra Moneo, quien en la sesión de control al Gobierno preguntó por el futuro de Garoña y criticó el papel que está llevando a cabo el ministro. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encargado de tomar la última decisión, subrayó en el Congreso que el destino de Garoña no dependerá de criterios economicistas ni ideológicos. "El primero contará, pero supeditado siempre a la seguridad", afirmó antes de reiterar su apuesta por las energías renovables. A expensas de la renovación o no de la licencia, que expira el próximo 5 de julio, el Gobierno insiste en que hay que leer entre líneas las declaraciones de unos y otros. Mientras tanto, miembros de las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace entregaron en el Ministerio de Industria una llave simbólica para cerrar de inmediato lo que consideran "una central obsoleta, con graves problemas de corrosión e insegura". En cambio, los trabajadores de la planta no lo ven así e, incluso, cientos de ellos se concentraron a las puertas del Congreso para reclamar la prórroga de la licencia vigente y para defender la seguridad de la instalación. Además, una delegación de empleados se reunió con varios eurodiputados en Bruselas, quienes se comprometieron a enviar una carta a Zapatero para pedirle que no cierre Garoña. El Consejo de Seguridad Nacional, por su parte, aprobó por unanimidad un informe complementario sobre la central, que le había solicitado Industria respecto a una posible renovación de la autorización de la explotación de la central para un periodo de dos, cuatro o seis años, frente a los diez que ha propuesto este organismo. Si finalmente el Gobierno opta por cerrar Garoña antes de 2019, algunas de las mejoras técnicas e inversiones que el Consejo reclamó a los propietarios de la central para garantizar su pleno funcionamiento no serán necesarias.