MEMORIA HISTÓRICA

El Supremo enfrenta a los numerosos partidarios y enemigos del magistrado

Por Esteban del Pozo3 min

España28-05-2009

Pocas veces una persona ha estado en boca de tanta gente. Mucho menos un juez. El convertirse en lo que se ha conocido como juez estrella y ocupar en numerosas ocasiones la portada de los periódicos más prestigiosos del mundo normalmente provoca opiniones dispares. Más sobre todo cuando las decisiones entrañan cierta polémica. Esto es lo que le ha sucedido a Garzón aunque lo curioso de su caso es el cambio de cromos en críticas, es decir, los que antes le criticaban ahora le alaban y los que antes le apoyaban ahora le atacan.

Lo último que ha vuelto a poner al magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en primer orden de importancia mediática es la admisión a trámite de una querella de Manos Limpias contra él por prevaricación en el caso de la Memoria histórica. El Tribunal Supremo no ve “irracional” que haya podido dictar resoluciones injustas y admite la querella por retener la instrucción “a sabiendas de que no era competente”. La postura del la Sala Segunda del Tribunal Supremo podría acarrear la suspensión de forma cautelar del ejercicio de las funciones de Garzón. Esta decisión corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Posición que defenderían todos los detractores del juez Garzón. Así piensa Manos Limpias, que acusa al magistrado de una “nítida y constante prevaricación” en la causa del franquismo. Una opinión muy parecida es la que mantiene el Partido Popular que defiende que “nadie puede utilizar a su antojo el Estado de Derecho” en clara alusión a la supuesta prevaricación perpetrada por Garzón. Esta formación que se querelló recientemente contra este mismo juez por prevaricación por la “operación Gürtel” afirma, en la persona de su portavoz en el Congreso, Soraya Saez de Santamaría, que esta decisión judicial “avanza en una mayor confianza” de la sociedad en la institución judicial y que los delitos se acaban pagando “cualquiera que sea el que lo cometa”. Esta misma idea la comparten la Asociación Profesional de la Magistratura que no “descarta una posible prevaricación” y el Foro Judicial Independiente que encuentra “motivos suficientes” para continuar la investigación ya que “se está juzgando si se utilizó la ley con intereses espurios”. En el otro lado se encuentra la izquierda política, los que en su día le reprocharon precisamente que dejase la política para desenterrar el GAL. El primero en salir en su defensa ha sido el partido en el que un día ingresó, el PSOE. El secretario general de los socialistas en el Congreso, Eduardo Madina, afirmó que le “gustaría ver” a Sáenz de Santamaría haciendo las mismas declaraciones con otras admisiones a trámite y otros imputados que hay en otros tribunales territoriales o de otra índole” en clara referencia a los imputados del PP en la operación Gürtel. Esta polémica no es nueva y ya entonces, el 19 de octubre en un entrevista al diario Publico, el presidente del Gobierno expresaba la importancia de que “el auto produzca restitución a las familias que han venido a reivindicando su derecho a conocer y exhumar los restos de sus familiares. Ese es el objetivo del proceso como tal y lo más importante” afirmaba Zapatero. Otro político, esta vez de CIU, que exculpó a Garzón fue Jordi Xucla que ve “poco recorrido jurídico a la querella”. En la misma línea que el PSOE se muestra la Asociación por la Memoria Histórica que ataca al Supremo porque “debería preocuparse más de las víctimas y menos de quienes no quieren que se las repare como merecen”. El otro palo que recibe el Supremo llega desde una de las plataformas más progresistas de los jueces, Jueces para la Democracia declara que “se trata de una exageración. Hablar de prevaricación está fuera de lugar”.