JUICIO YAK-42

El juez rechaza llamar a declarar al ‘número 3’ de Trillo por “inapropiado"

Por Alejandro Requeijo2 min

España02-03-2009

Javier Jiménez-Ugarte era el número 3 del ex ministro de Defensa Federico Trillo en el momento del accidente del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles. Aquel mayo de 2003 ocupaba el cargo de secretario general de Política y Defensa y coordinó las relaciones entre el Departamento y las familias de las víctimas. Sin embargo, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la identificación errónea de hasta 30 de los fallecidos ha rechazado citar a declarar en el juicio a este ex alto cargo del Ministerio tal y como lo solicitó la Fiscalía.

Según explicó el presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, "no se ha encontrado ningún dato o hecho nuevo y relevante distinto al que dio lugar a la inadmisión de la misma prueba en el trámite de cuestiones previas". El teniente fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso, Fernando Burgos, ya solicitó esta declaración al inicio del juicio, sin éxito. Burgos defiende la necesidad de escuchar la explicaciones de Jiménez-Ugarte basándose en los testimonios de otros testigos que han intervenido en juicio. EL fiscal aseguró que su intención es "tratar de superar contradicciones y alcanzar una visión de los hechos ocurridos razonable y admisible que venga a ayudar a alcanzar lo que fue la verdad histórica". Y la declaración de Jiménez-Ugarte se justifica, según el representante del Ministerio Público, por "el cargo y la autoridad" que ostentaba en el momento de la tragedia. El primer presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, Carlos Ripollés, describió como "humillantes" los encuentros que los familiares mantuvieron con Jiménez-Ugarte tras el accidente. "Se volvía loco con amenazas, gritaba a los familiares como un energúmeno y les preguntaba qué España querían formar por montar la asociación", recordó. Pero Gómez Bermúdez insistió en que "no es apropiado ni prudente" la declaración de Jiménez-Ugarte, que según alegó, "ya fue resuelta en dos instancias por el tribunal de esta sala" y los hechos "han sido ampliamente discutidos y han sido objeto de diversa prueba con contradicción". Los mismos argumentos empleó el magistrado para rechazar también la petición del fiscal de citar a los funcionarios turcos que llevaron a cabo la recuperación de los cadáveres y su entrega a las autoridades españolas. Explicaciones del juez El propio juez explicó en privado a las familias de las víctimas las razones de su decisión. Según las fuentes presentes en ese encuentro Gómez Bermúdez argumentó que "la Justicia muchas veces no puede reparar el daño ocasionado" y que los tribunales "deben juzgar hechos concretos". Se refería así a los únicos acusados en el proceso por un delito de falsedad en documento oficial: el general de Sanidad, Vicente Navarro, y sus subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Podrían ser condenados, respectivamente, a cinco y cuatro años y medio de cárcel. Durante la misma sesión del juicio declaró el general de División Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor Ejército de Tierra (JEME) cuando se produjo el accidente. Según dijo la decisión de celebrar los funerales de Estado dos días después de la catástrofe dependió del entonces presidente del Gobierno José María Aznar y de la Casa Real.