CASO MARI LUZ

CGPJ salda la sanción a Tirado con una multa y el PSOE pide explicaciones

Por Alejandro Requeijo3 min

España26-12-2008

La cuestión relativa a la sanción para el juez del Caso Mari Luz, Rafael Tirado, ha terminado como empezó: con 1.500 euros de multa. Atrás queda más de medio año de debate sobre las consecuencias derivadas de los errores de los jueces, la ausencia de medios en la Administración de Justicia y las numerosas denuncias tanto de parte de la clase política como de la opinión pública que piden poner fin al corporativismo judicial, que, a su entender, ha marcado la sanción definitiva al magistrado por su tardanza a la hora de ejecutar una sentencia pendiente por abusos sexuales contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió para estudiar esta cuestión. Los 20 vocales que componen el órgano de gobierno judicial, más su presidente, Carlos Dívar, decidieron sobre el recurso presentado por la Fiscalía en contra de la sanción de 1.500 euros que la propia Comisión Disciplinaria del Consejo impuso en septiembre al magistrado. El Ministerio Público considera que la negligencia en la que incurrió Tirado en el caso Mari Luz constituye una “falta muy grave” por lo que pidió que el juez fuese suspendido de empleo y sueldo por tres años. Esto podría acarrear, incluso, la pérdida de destino para el magistrado. No lo vio así el Consejo que, por 14 votos contra 7, decidió zanjar la cuestión con la multa económica. El Consejo dice que Tirado sólo desatendió su juzgado en esta ocasión y califica esta falta como “ leve”. De nada sirvieron las sucesivas llamadas del gobierno socialista, concretamente de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quienes en numerosas ocasiones, a lo largo de los últimos meses, apoyaron la postura de la Fiscalía y solicitaron abiertamente una sanción más severa contra Tirado. Estas manifestaciones del Gobierno provocaron un enfrentamiento entre el Ejecutivo socialista y la carrera judicial. Los jueces consideran que esos pronunciamientos sólo buscan condicionar sus decisiones, al tiempo que culpan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la falta de medios en la Administración. A su juicio, es la falta de inversión en la Justicia lo que propició la cadena de fallos que derivó en el asesinato de la niña Mari Luz Cortés. De hecho, estas reivindicaciones llevaron a los jueces a convocar acciones de protesta que el Ministerio calificó como “huelgas encubiertas”. El hecho de zanjar la cuestión con una multa económica ha hecho que el PSOE solicitase la comparecencia de Dívar en el Congreso para explicar su política disciplinaria y de inspección de los tribunales. Según el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, el Consejo del Poder Judicial "no ha estado a la altura" y ha dado "una imagen penosa de debilidad y corporativismo". "El CGPJ ha demostrado ser rehén de las asociaciones judiciales y del corporativismo, y ha olvidado que su legitimidad proviene del Parlamento y de la Constitución", sentenció. Dívar no hablará de Mari Luz El antecesor de Carlos Dívar, Francisco José Hernando, se negó a este tipo de comparecencias al entender que el Poder Legislativo no puede controlar al Judicial. En este caso, desde el órgano de Gobierno de los jueces aseguran que Dívar acudirá a la Cámara Baja, pero no para hablar de Mari Luz. "La comparecencia está prevista para principios de año, una vez iniciado el año parlamentario para explicar las actuaciones y decisiones del Consejo con la limitación respecto a las decisiones que tienen que ser revisadas por el Tribunal Supremo", indicó la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien matizó que Divar "no podrá pronunciarse sobre asuntos que han de ser revisados por la vía jurisdiccional por el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que es su presidente". La razón que alega el CGPJ para evitar dar explicaciones sobre la multa a Tirado es que la sanción de 1.500 euros aun debe ser estudiada por el Supremo a partir del recurso presentado por la Fiscalía. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió a este tema para anunciar reformas con el objeto de endurecer este tipo de sanciones, al tiempo que manifestó su "profunda y seria discrepancia" con la decisión del CGPJ.