MEMORIA HISTÓRICA

Garzón desvía la causa sobre la guerra civil a los juzgados territoriales

Por Elena Sagredo2 min

España18-11-2008

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya no investigará las desapariciones de la guerra civil y el franquismo y otorgará el papel protagonista a los juzgados territoriales, que serán ahora los encargados de instruir los crímenes cometidos durante la contienda militar y la dictadura y de abrir las fosas comunes.

“La necesidad de cicatrizar heridas” defendida por el Gobierno en la ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre del 2007, seguirá siendo actualidad en un futuro debido a que las competencias a la hora de investigar los crímenes de aquella época rotan de un lugar a otro. Si hace algunas semanas el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón optó por apropiarse de todos los derechos y facultades para decidir qué y cuántas fosas abrir, ahora ha sido él mismo quien se ha inhibido a favor de los juzgados territoriales. Así se lo solicitaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional que primero presentó un recurso en contra de que el juez se declarase competente para investigar los hechos y, posteriormente, un incidente de competencia. La actuación del Ministerio Público, que además pidió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón, provocó que la situación quedase estancada a la espera de la decisión de esta instancia judicial superior. No obstante, el juez Garzón sigue en su lucha por investigar las desapariciones que se produjeron en aquella época ya que defiende que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que por ello se debe seguir investigando estos hechos en los juzgados territoriales. Garzón alegaba su competencia para establecer medidas porque las desapariciones partían de un delito contra los altos organismos de la nación en conexión con los delitos de detención ilegal y desaparición, en lo que sí era competencia de la Audiencia Nacional. El juez, al constatar que los autores de aquel crimen contra la República estaban muertos, le era imposible reclamar responsabilidad penal, por lo que la Audiencia Nacional dejaba de ser competente. Ahora, 33 años después de la muerte de Franco, el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica y pide olvido en lugar de cicatrización. “ Todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, sería un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar y otros tienen algo menos”, recalcaba José Luis Rodríguez Zapatero. Los discursos políticos coinciden, y si el Partido Popular (PP) exigía olvido porque no quería que las heridas se reabrieran, ahora el PSOE aboga también por terminar con este asunto. Sin embargo, los nacionalistas y comunistas prefieren impedírselo ya que desean mantener vivo el debate y someter a votación iniciativas y reformas que sirvan para profundizar en la ley aprobada hace sólo un año. Tanto Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida (IU) e Iniciativa por Cataluña (ICV) pusieron objeciones a la ley por considerarla insuficiente y acusaron al gobierno por tratar de obstaculizarla.