AUDIENCIA NACIONAL

Cardenal acusa de prevaricación a los jueces que pusieron en libertad a ‘el Negro’

Por Teresa Torrecillas2 min

España11-01-2002

En 1999 tenía lugar en España la operación antidroga más brillante de la historia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, una madrugada de julio, interrogaba a uno de los jefes gallegos del narcotráfico: Vila Sieira. Este antiguo albañil y desbrozador de montes señaló con el dedo. Se encontró un alijo de 4.000 kilos de cocaína de Carlos Ruíz Santamaría. Unos días antes, agentes de la policía y de aduanas desmantelaban seis toneladas de droga en altamar. Fueron detenidas 55 personas. Así concluía la exitosa operación Temple.

Ruíz Santamaría, desde la cárcel, amenazó a Vila y a Alfonso León, algunos de sus compinches. En esos días, Pilar Urbano escribía su libro sobre el juez Garzón, que le cedió datos sobre la operación policial. El narcotraficante, el Negro o Pelopincho, acusaba a Garzón de desvelar el sumario. La operación Temple sufrió un revés incomprensible a los ojos del fiscal general de Estado, Jesús Cardenal. La decisión de tres jueces -Carlos Cedón, José López Ortega y Carlos Otero-, ponía en libertad al narcotraficante bajo un fianza de cinco millones de pesetas. Pelopincho sufría una enfermedad llamada "trastorno bipolar", que podía conducirle al suicidio, situación que se podía acentuar en la sombra de la cárcel, según el psiquiatra que le atendió. Esta misma enfermedad, que podía conducirle a la muerte voluntaria, es la que finalmente le ha conducido a la libertad, la misma enfermedad que según los jueces anulaba el peligro de fuga. El pasado día 10, llegaba a manos del Supremo una querella por prevaricación dolosa (intencionada), en la que se acusa a los jueces. La querella fue presentada por Jesús Cardenal. Es fruto de la deliberación del fiscal general y la cúpula de fiscales, formada por el teniente fiscal José María Luzón, los fiscales jefes de lo penal del Tribunal Supremo Eduardo Torres Dulce y José Aranda. Fue firmada solamente por el mismo que en su día no vio delito en la actuación del juez Liaño: Luzón. Se pide una multa de 14 a 25 meses de cárcel e inhabilitación de 10 a 20 años contra los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Nacional. El Supremo decidirá. Los magistrados objeto de la querella son los que pusieron en libertad a los dirigentes de Ekin, después de que Garzón los encarcelara acusados de ser la oficina política de ETA, y son los mismos que excarcelaron a Pepe Rei, el periodista que Garzón acusó de señalar a los objetivos de ETA. El tercer magistrado, Carlos Ollero, lleva un tiempo tramitando extraoficialmente un cambio de destino por discrepancias; en los casos antes descritos votó en contra. Algunos les acusan de velar por los intereses de ETA. La Asociación de Victimas del terrorismo ha pedido la investigación de Cedón y López Ortega. "por si su capacidad para juzgar delitos terroristas estuviera viciada por el miedo". Magistrados de la Audiencia Nacional hablan de "humillación innecesaria". Quienes les conocen afirman que no se mueven ni por el miedo ni por posibles sobornos.