JUSTICIA

Los conservadores pierden el poder del Consejo en favor de CiU y PNV

Por Alejandro Requeijo3 min

España12-09-2008

Dos nacionalistas tendrán el poder de romper el empate entre los nueve vocales propuestos por el PSOE y los nueve del PP dentro del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactado por las principales fuerzas políticas en el que por primera en más de diez años los conservadores han dejado de ser mayoría.

Se trata del candidato propuesto por CiU Ramón Camp y la avalada por el PNV, Margarita Uría. Ramón Camp i Batalla es abogado y actualmente ocupa la Vicepresidencia Segunda del Parlamento de Cataluña, puesto que tendrá que abandonar tras este nombramiento. Pero además Camp, quien fue ponente del Estatut, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1994 y del Código Penal de 1995, también ha sido senador y diputado. En concreto, en su etapa en el Congreso fue portavoz de CiU la Comisión de Justicia. Por su parte, Uría fue diputada del PNV en la anterior legislatura ejerciendo de portavoz de los nacionalistas, entre otras, en la Comisión de Justicia, y como presidenta de la de Sanidad. Además, figuraba en las listas del Senado en las pasadas elecciones de marzo, pero no consiguió escaño. Estos dos nombres serán la bisagra dentro de un Consejo que por lo demás se reparte entre progresistas y conservadores. Doce de los 20 vocales fueron propuestos hace dos años –momento en el que correspondía renovar el CGPJ, en funciones desde el 7 de noviembre de 2006- por las principales asociaciones de jueces en función de su número de afiliados por medio de una lista de 36 candidatos. Finalmente han sido los partidos los encargados de seleccionar a sus vocales por a través de dicha lista. Seis han sido los elegidos por el PSOE, cinco de ellos pertenecientes a la asociación progresista y vinculada a los socialistas, Jueces para la Democracia (JpD) y otro de la independiente Francisco de Vitoria (FdV). Se trata de Margarita Robles (JpD), magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y con un marcado pasado político ya que fue secretaria de Estado de Interior durante el gobierno socialista de Felipe González y en 2000 fue galardonada con el premio Sabino Arana, reconocimiento que ya fue muy criticado en su día. Le acompañarán también por parte de JpD, Carles Cruz Moratones, magistrado de la Audiencia Provincial de Girona; Miguel Carmona Ruano, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Manuel Torres Vela, presidente de la Sección IV de la Audiencia de Málaga. Por último, por parte de la FdV el PSOE propuso a Félix Azón, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Asociación Francisco de Vitoria). Vocales del PP Por su parte, el PP eligió a todos su vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afín a los populares. Se trata de Pío Aguirre Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén; Manuel Almenar Berenguer, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra; Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara; Gema Gallego Suárez, magistrada del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, encargada de la investigación del caso ácido bórico; Miguel Collado Nuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona y Antonio Montserrat Quintana, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Además de estos catorce magistrados ya citados, el Pleno del Consejo estará completado por otros seis juristas de reconocido prestigio (abogados, catedráticos, fiscales o jueces) que han sido propuestos directamente por los partidos: Almudena Lastra de Inés, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; José Manuel Gómez Benítez, abogado y catedrático de Derecho Penal y Gabriela Bravo Sanestanislao, fiscal y presidenta del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, todos ellos propuestos por el PSOE. Y por último el PP avaló las candidaturas de Fernando de Rosa Torner, magistrado en excedencia, profesor universitario y conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana; Claro José Fernández Carnicero, inspector de Hacienda y letrado de las Cortes Generales y Antonio Dorado Picón, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.