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REFORMA CÓDIGO PENAL

El Gobierno propone 20 años de libertad vigilada para violadores y etarras

Por Angie RigueiroTiempo de lectura3 min
España11-09-2008

Sucesos como el de la pequeña Mari Luz o casos como el del etarra, José Ignacio De Juana Chaos es lo que intentará evitar el Gobierno con el anuncio de una reforma del Código Penal, que permitirá controlar a los pederastas y a los terroristas que presentan malos pronósticos de reinserción durante 20 años y la imposición de otra serie de medidas más duras.

Además de la pena accesoria de libertad vigilada durante dos décadas, a aquellos que muestren posibilidades de reincidir una vez hayan cumplido sus condenas, también se contemplará el endurecimiento de las penas que contempla el Código Penal, tanto para pederastas, terroristas y delincuentes. Los ministros de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Fernández Bermejo, aprovecharon la notificación de la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no haber ejecutado una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz, para reflejar su desacuerdo y para anunciar estas nuevas medidas de endurecimiento de la Ley. Por una parte, los pederastas recibirán penas más duras para aquellos que capten a menores para “espectáculos pornográficos”. También recibirán sanciones más duras aquellas personas implicadas en la difusión de material de carácter sexual en el que hayan participado menores. Además esta reforma contemplará distintos sistemas de control, como puede ser la posibilidad de someterlos a la llamada castración química, siempre y cuando estos la acepten. Rubalcaba y Bermejo confirmaron también la creación de un registro de pederastas para el primer trimestre de 2009. El objetivo: evitar que un pederasta condenado pueda trabajar con menores una vez haya abandonado la prisión. También se incluirá Bermejo insistió en que el objetivo final es “mejorar la protección de los menores”. Por otra parte, los terroristas que presenten una posible mal inserción después de cumplir su condena, se verán sometidos también a libertad vigilada durante 20 años. Además, también a placas a etarras y el alejamiento de víctimas. Muchos de los ex presos etarras viven en el mismo lugar en el que sus propias víctimas intentan rehacer su vida, algo extremadamente doloroso, según denuncian las víctimas. En este sentido, los tribunales deberán imponer obligatoriamente a los ex presos terroristas medidas de alejamiento de sus víctimas directas una vez que salgan a la calle. Delincuencia organizada La reforma también prevé modificaciones para facilitar la lucha contra el crimen organizado. Concretamente, contra “los grupos transitorios de delincuentes”, según Bermejo. Se establecerá que la delincuencia organizada sea tipificada como delito. También se endurezcan penas para los patrones de cayucos que lleven menores. Hasta ahora, la legislación preveía penas de entre 6 y 8 años de cárcel para ellos. Ahora, si entre los pasajeros de sus embarcaciones van menores, la pena se incrementará automáticamente, hasta poder ascender hasta los 12 años de prisión. Esta reforma no estaba incluida en el programa electoral del PSOE, en el que sólo se hablaba de impulsar “las reformas necesarias del Código Penal para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia y dispensar una adecuada tutela a las víctimas del delito”. Sin embargo, la alarma social que ha provocado el caso de Mari Luz y el de De Juana ha obligado al Gobierno a lanzar una serie de medidas que no se limitará al control de estos delincuentes. Sin embargo, no sólo el Gobierno es el responsable de la creación de estas medidas, ya que surgen de conversaciones con el PP tal y como reconoció Rubalcaba. Por ese motivo, el PP manifestó su malestar al recordar que estas medidas que se pactaron entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y que ahora los socialistas las han presentado en solitario.