OPERACIÓN ASTAPA

La hija del presidente del Senado declara como imputada por corrupción

Por Angie Rigueiro2 min

España26-06-2008

Abogada de profesión y una carrera profesional prometedora. Entró a trabajar en el Ayuntamiento de Estepota (Málaga) en el año 2005. De esa manera, se adentraba en el mundo de la política y seguía los pasos de su padre. Tras las elecciones municipales de 2007, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, la nombró coordinadora del área de Urbanismo.

Sin embargo, las cosas han dado un giro de 180 grados para esta concejala. Después de que estallase la investigación policial por la trama de corrupción urbanística en este ayuntamiento malagueño, Patricia Rojo, la hija del actual presidente del Senado, Javier Rojo, ha sido citada a declarar en calidad de imputada. El caso Malaya ha sido la gran protagonista en todo lo que se refiere a corrupción urbanística. Sin embargo, un año después y a pocos kilómetros de distancia, en Estepota, se ha vuelto a destapar otra trama de corrupción. En esta Operación Astaza ya han sido detenidas 26 personas, entre ellas el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), que ha dimitido de su puesto de concejal. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que investigan esta trama de corrupción urbanística llamaron a declarar a Patricia Rojo, que ha sido una de las primeras personas vinculadas al Ayuntamiento en prestar declaración en la comisaría. La hija de Javier Rojo entró y salió escoltada por la policía. No hizo declaraciones a su salida. El ingeniero municipal de Estepota, Xavier Wittmeur, fue el encargado de la tasación oficial de las fincas de la localidad. Éste recibía 2000 euros todos los meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que representaban un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los distintos promotores privados. Wittmeur se encuentra en prisión provisional. Según fuentes judiciales, elaboró tasaciones supuestamente falsas en trece acuerdos para modificar la calificación urbanística de diferentes suelos de Estepona. También ha testificado ante los agentes el abogado Ignacio Pérez de Vargas, el que es considerado el mayor especialista en derecho administrativo y urbanístico de la ciudad. Vargas está detrás de muchos de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. A su salida, el letrado afirmó que había salido más “tranquilo” de lo que había entrado. Rafael Duarte ya ha comparecido ante la policía, que le han imputado supuestos delitos de prevaricación y cohecho, aunque su defensa ha asegurado que su imputación es sólo "una medida de garantía". Los agentes también han convocado al primer teniente alcalde y al actual alcalde accidental, Rafael Montesinos, que también ha sido citado como imputado. Además de la declaración de los 26 detenidos en el caso Astapa, la policía también ha llamado a declarar como testigos a distintas personas que hayan mantenido una relación con el Ayuntamiento. Entre ellas se encuentran el secretario municipal, Gustavo Rubio; el tesorero, Félix Domínguez; el técnico del área de Sanidad, Alfredo Ruiz; el ex gerente de la sociedad municipal Desarrollo Municipal Estepona, Juan Carlos Gurrea; entre otros.