ATASCO JUDICIAL

La Justicia toca fondo al conocerse las 270.000 sentencias sin ejecutar

Por Irene E. Sánchez3 min

España08-05-2008

La muerte de la joven Mari Luz fue la mecha que detonó la crisis de la Justcia en España. El caso del presunto asesino de la niña, con dos sentencias pendientes de ejecución a sus espaldas por otros delitos sexuales, encendieron las alarmas. Ahora un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público que hasta 270.000 sentencias de lo penal están aún por ejecutar.

Pese a la rectificación tan sólo un día después del mismo órgano, que advirtió de que muchas de esas causas están en trámite, tanto desde instancias políticas como judiciales asumen la crisis en la que se encuentra sumida la Justicia por su acusado atraso y por recientes acontecimientos desafortunados como la huelga de funcionarios. Santiago del Valle asesinó presuntamente a la niña de cinco años, aunque no era el primer delito que cometía en relación con la pederastia. De hecho, el posible autor de la muerte de Mari Luz Cortés, tenía en ese momento dos sentencias pendientes por causas del mismo tipo, tales como el abuso sexual de otras menores, entre las que se encontraba su propia hija. Pero estos casos no eran desconocidos. El Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, el magistrado con Rafael Tirado como titular, dictó sentencia contra del Valle en 2002 en la que reconoció su autoría y culpabilidad. Esas dos causas se encuentran precisamente entre otras 269.448, a la espera de ser ejecutadas. Así lo reveló el pasado 6 de mayo un documento facilitado por el CGPJ, que informó de que estos datos, recabados en los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en la materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián. De estas cientos de miles de sentencias, pendientes al finalizar 2007, un 70,25 por ciento corresponden a los Juzgados de lo Penal y el 29,74 por ciento restante a los Juzgados Especializados. El informe reconoce asimismo que dada la crítica situación, sería necesario acudir a la implantación de nuevas medidas para agilizar el estancamiento y las “dilaciones indebidas”. Propone, como pilares básicos de la citada reforma, remodelar el sistema informático y contratar a personal titular y no interino para evitar la descoordinación y conseguir que tengan “una formación jurídico-procesal necesaria para el desarrollo de su actividad”. Pese a la presión que ejerció la publicación del informe sobre los órganos responsables del buen avance de la Justicia, en especial sobre el Ministerio a cargo de Mariano Fernández Bermejo, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, aseguró tras conocer los datos del documento no estar del todo satisfecho y advirtió de que si hubiese sido elaborado con anterioridad quizás su hija no hubiera sido asesinada por el pederasta. Al hilo de lo anunciado por el CGPJ, y en contraposición con lo opinado por Cortés, Bermejo comentó dos días después que no se trata de un “caos” en el sistema, sino de un “problema endémico”, que atribuye a la herencia del sistema judicial seguido en el franquismo. El problema más largo de la historia en el Departamento que dirige Fernández Bermejo tuvo lugar durante los pasados dos meses con motivo de la huelga de funcionarios de Justicia. Tras casi nueve semanas de parón, 160.000 procedimientos judiciales suspendidos y montañas de papeles acumuladas en los juzgados, los trabajadores consiguieron un aumento en 190 euros en su sueldo. No obstante, las movilizaciones contribuyeron a acrecentar el extraordinario colapso ya de por si existente en la Administración. Tanto PP y PSOE coinciden en la necesidad alcanzar un gran pacto de Estado por la Justicia como única manera de mejorar la situación. Apuntan sobre todo a la pendiente renovación del Tribunal Constitucional y el CGPJ –en funciones desde hace un año y medio-. No obstante y de momento, socialistas y populares están lejos de alcanzar un acuerdo.