GUERRA DEL AGUA

Valencia y Murcia llevarán el "minitrasvase" al TC por inconstitucional

Por Irene E. Sánchez3 min

España18-04-2008

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, lo ha bautizado como “mini-trasvase”. El traslado de agua del Ebro a Barcelona consiste en una prolongación del trasvase ya existente a Tarragona, tendrá 60 kilómetros y costará 180 millones de euros al Gobierno central.

No obstante el proyecto tiene en contra a comunidades como Valencia, Murcia y Castellón, que pidieron ser protagonistas del proyecto con anterioridad, todas ellas gobernadas por el PP, y a la de Aragón, gobernada por el PSOE, que siempre se mostró contaría también a realizar cualquier tipo de trasvase. Los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel, decidieron tras conocer el nuevo pacto del Ebro presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno no cumple con lo descrito en el Plan Hidrológico Nacional del año 2000. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió a las insinuaciones de los representantes de estas regiones, en especial a las del de Valencia, que no entiende esta “humillación a Barcelona”, cuando la Comunidad Valenciana ya recibió aguas del Ebro, tanto en su capital como en Benidorm. Precisamente, la guerra del agua llega a su vez a las capitales. Lo demuestra el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que anunció el mismo día en que se tomó el acuerdo que redactará un escrito esta semana junto con sus homólogos en Valencia, Castellón, Alicante y Almería, para pedir al Gobierno la imposición del “principio de igualdad y solidaridad interterritorial” y contar así con las mismas condiciones de que dispone Barcelona. La portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha retado asimismo a Zapatero, al que pidió la pasada semana “su urgente intervención en el Congreso” para explicar su “rectificación” en la guerra del agua y si realizará este tipo de acciones hidrológicas también en el resto de zonas del país. Las críticas provienen incluso de miembros socialistas, tales como el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que aunque no reconoció que se trate de un trasvase “porque no toca la cuenca del Ebro”, aseguró que “la postura de Valencia y Murcia con respecto a la prolongación del trasvase Ebro-Tarragona es bastante lógica”. DETALLES DEL PROYECTO Fue en El Palau de la Generalitat donde en la segunda semana de abril se selló el definitivo acuerdo entre Gobierno y comunidad catalana para llevar a cabo el trasvase. Lo hicieron posible la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, representante del Gobierno central, y el presidente del Ejecutivo catalán, José Montilla. 180 millones serán los que destine el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta el momento había rechazado cualquier trasvase del Ebro al igual que el del Ródano, propuesto por CiU, a la construcción de una tubería de 60 kilómetros que unirá el Ebro-Tarragona con las cuencas del Ter y el Llobregat y que discurrirá en paralelo por la autopista AP-7. Desde el 1 de mayo, fecha en la que darán comienzo las obras, y hasta que finalicen los seis meses siguientes, Barcelona verá disipadas las amenazas de restricción del consumo de agua de sus habitantes. El aporte será realizado aprovechando el excedente utilizado por los regantes de Tarragona. Tanto el Ejecutivo como la Presidencia catalana anunciaron la pasada semana que la cantidad de agua trasvasada a la ciudad condal será menor de la mitad que la que normalmente se trasvasa a Tarragona. Lo que se aporte para finalizar con la sequía que hostiga Barcelona, alrededor de 50 hectómetros cúbicos, será posible gracias a un plan de mejora de las infraestructuras de regadío de la provincia.