JAPÓN

Japón, un problema de armas y letras

Por J. F. Lamata Molina2 min

Internacional20-04-2008

La primera gran misión militar de Japón fuera de sus fronteras tras la Segunda Guerra Mundial fue el envío de tropas a Iraq para favorecer la reconstrucción y estabilización del país. Sin embargo, un tribunal cree que este hecho supone la violación de la constitución nipona.

Un tribunal de Japón tildó la semana pasada de anticonstitucional el envío de tropas japonesas a Iraq para propiciar la reconstrucción y estabilización del devastado país. El actual texto constitucional nipón fue redactado en 1947, prácticamente, bajo el dictado de Estados Unidos y del general McArthur. El artículo al que se refiere la violación es el 9 y dice lo siguiente: “El pueblo de Japón, aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales”. A lo que se añade que para cumplir lo consagrado en el anterior párrafo, no se mantendrán fuerzas de tierra, mar y aire, ni otro potencial de guerra. Y se concluye que el derecho de beligerancia del Estado no será reconocido. En resumen, que, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos imponía a Japón que renunciara para siempre constitucionalmente a tener Ejército (aunque en la práctica tienen una división policial que actúa como tal). La pregunta de qué ha pasado ahora, parece que se responde diciendo que en aquella constitución que hicieron los estadounidenses faltó poner "siempre que no sea para ayudarnos". El objetivo de EE.UU. era asegurarse que ningún ejército japonés se le enfrentara en el futuro, pero si es para ayudarle bienvenido sea. El Gabinete nipón que ha apoyado todas las iniciativas militares de la Casa Blanca desde la guerra fría hasta ahora no dudó en ser de los primeros en respaldar la invasión de Iraq y en enviar tropas de ayuda (aunque no interviniera en los combates). Por tanto, lo que diga un tribunal local no parece que vaya a modificar demasiado la situación. Las autoridades japonesas parece que no tienen razones para preocuparse por la supuesta violación de la constitución, puesto que quien ha auspiciado que se incumpla es el mismo que impulsó su redacción.