JUICIO 11-M
La Policía detiene a tres personas por el 11-M mientras el juicio continúa
Por Antonio Pérez
3 min
España03-03-2007
La Policía Nacional ha detenido a tres nuevas personas que supuestamente ayudaron en su huída a los terroristas responsables del mayor atentado terrorista en España. Además, continúa el juicio por la masacre después de que los principales inculpados hayan negado su relación con los hechos.
El juicio del 11-M sigue adelante, pero la operación no está cerrada. La Policía detuvo en Madrid a otras dos personas, Abdelkrim Lebchina y Rachid Mabchour, nacidas en Casablanca, y a otro implicado más, Tarik Hamed Hamu, en Algeciras. Los tres están acusados de haber apoyado logísticamente a los autores materiales del 11-M, los atentados terroristas que costaron la vida a 191 personas en Madrid en marzo de 2004. Hamu, uno de los implicados en esta nueva operación para esclarecer el 11-M, ya estaba cumpliendo condena en la prisión de El Botafuegos de Algeciras por falsificar documentos. Por otro lado, el juez que ha llevado a cabo la investigación de los atentados, Juan del Olmo, ha incriminado a Abdelilah Hriz, que cumple condena en Marruecos por actividades terroristas, como autor material de los atentados debido a una prueba de ADN –recogida en un peine- que demuestra que Hritz estuvo tanto el piso de Leganés como en la finca de Chinchón donde se actuaron los terroristas en los momentos previos a la masacre. Estas nuevas detenciones coinciden con el juicio que se está celebrando en la Casa de Campo de Madrid por el 11-M, en el que Rabei Osman, Mohamed, El Egipcio, declaró que las cintas aportadas como prueba de su incriminación en los atentos no corresponden a su voz. El Egipcio, considerado el autor intelectual que planificó el 11-M, volvió a poner en tela de juicio las grabaciones y condenó los atentados, como ya han hecho otros de los que estos días se sientan en el banquillo. Después de su declaración, el ex minero Emilio Suárez Trashorras afirmó en el juicio que no facilitó explosivos ni a los autores materiales de los atentados de Madrid ni a miembros de ETA. El discurso de Suárez Trashorras, para el que la Fiscalía pide más de 38.500 años de cárcel, pivotó en los contactos que el ex minero mantenía con los activistas islámicos para la venta de hachís. Admitió conocer a Jamal Ahmidan, El Chino, y también afirmó que éste le consultó cómo podría adquirir explosivos, pero que le aseguró que él no podía conseguirlos. Con esta defensa trató de desmentir a su predecesor en el banquillo de los acusados, Rafa Zouhier, que se declaró “superinocente” ante el juez y acusó al ex minero de facilitar explosivos a cambio de droga. El implicado, que era confidente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aseguró que mantuvo informado a la Unidad Central Operativa (UCO) de todo lo que sabía y que hubo una “gran negligencia”. En una actitud desafiante y chulesca, Zouhier estuvo a punto de sacar de sus casillas al presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. También compareció Antonio Toro, acusado también de facilitar explosivos a los terroristas, que aseguró que nunca ha traficado con ese tipo de mercancías, y su hermana y ex mujer de Suárez Trashorras, Carmen Toro, que subrayó que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de su entonces marido. Además, también Iván Granados, que era amigo del ex minero asturiano, ha declarado en el juicio que Suárez Trashorras le pidió que llevara una bolsa con explosivos a Madrid, a lo que se negó, y se lo propuso a Gabriel Montolla, El gitanillo. Granados manifestó que tenía conocimiento de que el acusado había acompañado a la mina a varios islamistas. El que sí viajó a Madrid con una bolsa fue Sergio Álvarez, que admitió el hecho pero aseguró que creía que llevaba “CDs pirata”. Una vez finalizada la comparecencia de los acusados, serán los 682 testigos citados de la masacre los que tomen el relevo. Entre ellos, se encuentran inspectores de la Unidad Central de Información Exterior, policías y uno de los analistas del Instituto Elcano. Por otra parte, el Gobierno ha accedido a desclasificar documentos sobre una entrevista de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Suárez Trashorras, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.