LUCHA DE PODERES

Zapatero afronta el final de la legislatura pendiente de la Justicia

Por Antonio Pérez3 min

España09-02-2007

Tres de los pilares en los que se ha centrado la política del actual Gobierno dependerán, en gran medida, de las decisiones adoptadas en los juzgados. Serán, por lo tanto, los jueces los que tengan la última palabra sobre las reformas estatutarias, la gestión del 11-M y la posibilidad de que Batasuna concurra a las próximas elecciones municipales.

La revolución en el seno del Tribunal Constitucional (TC) después de secundar la petición del PP para que el magistrado Pérez Tremps no formara parte de la comisión que analizará la constitucionalidad del Estatut catalán ha hecho saltar todas las alarmas. La oposición, que considera que Pérez Tremps no es apto para participar en esas deliberaciones porque elaboró un informe académico sobre la reforma para el Ejecutivo, ha logrado convencer a la mayoría de los magistrados con poder de decisión, por lo que, después de varios debates y deliberaciones, la tendencia conservadora se ha hecho con el control del TC y se han impuesto sobre los progresistas. Este cambio de rumbo podría significar que se declararan inconstitucionales algunos de los artículos del Estatut y, como consecuencia, sería un fracaso para uno de los principales proyectos de los socialistas en la presente legislatura, además de que, si se confirma que el texto no podrá ser finalmente aplicado, supondría un importante obstáculo en las relaciones entre la Generalitat catalana –gobernada por la nueva reedición del tripartito-, Convergencia i Unió y La Moncloa. En el terreno judicial el Ejecutivo de Zapatero también ha movido ficha en los últimos días. Tras la marcha del anterior ministro de Justicia, López Aguilar, al presentarse como candidato a la presidencia de Canarias en las próximas elecciones, el presidente del Gobierno ha escogido a un magistrado abiertamente progresista para que se haga con la cartera. Mariano Fernández Bermejo, el hasta ahora fiscal jefe de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, será el nuestro ministro, algo que ha desatado las iras en el PP, que consideran la elección un desafío del Gobierno a la oposición y al mundo judicial. Pero la influencia del tercero de los poderes en la gestión de Rodríguez Zapatero no se queda ahí. También los jueces serán los que determinen el futuro de Batasuna, la formación ilegalizada de la izquierda abertzale que aspira a concurrir a las próximas elecciones de mayo. La reaparición de ETA el pasado mes de diciembre, el fin del proceso de paz, la situación del preso Iñaki de Juana Chaos –que ha supuesto una polémica mediática después de que se publicara una entrevista en el diario “The Times”- y la entrega pública a la Policía de varios jóvenes acusados de pertenencia a banda armada por formar parte de organizaciones juveniles afines a ETA ha tensado aún más la cuerda en el País Vasco. EL FUTURO DE BATASUNA Y LAS DUDAS DEL 11-M Para que la izquierda abertzale pudiera presentar su propia lista en las próximas elecciones, sería necesario que Batasuna condenara la violencia y asumiera la Ley de Partidos –un extremo que parte de las bases de la formación no está dispuesto a admitir- o que se mantenga como legal el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). La clave está en las relaciones entre el Gobierno y el entorno etarra, en la política antiterrorista que acuerden las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento y también en lo que decidan los jueces. La decisión de que Batasuna, el PCTV o un partido similar concurra o no a las elecciones –y la repercusión que ese hecho tenga en la postura de la izquierda abertzale y en la banda terrorista- dependerá, en última instancia, también de que los jueces lo acepten como tal. En otro caso de terrorismo, el del 11-M en Madrid, tendrá la Justicia también la última palabra y decidir si ETA tuvo alguna relación con la masacre que costó la vida a 191 personas. El próximo día 15 de febrero comenzará el macrojuicio del 11-M en la Audiencia Nacional, donde se juzgará a un total de 29 personas. Entre los citados para testificar se encuentran precisamente tres etarras: Henri Parot, y otros dos miembros de la banda terrorista que fueron detenidos con una furgoneta cargada de explosivos en Cuenca. La detención tuvo lugar once días antes de los atentados.