Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

CONFLICTO

El Gobierno español ‘se salta a la torera’ las exigencias de la CE

Por Javier de la FuenteTiempo de lectura2 min
Economía20-01-2007

José Luis Rodríguez Zapatero, en pleno fervor europeísta, confesó que iba a devolver a España al corazón de Europa. Y parece que está dispuesto a hacerlo, aunque en su camino ha perdido el norte y va directo a Luxemburgo. Razón no le falta; geográficamente, la capital europea está en el corazón de Europa, pero allí también se encuentra otro órgano que bombea, en este caso, justicia al resto de Europa: el Tribunal de Justicia de la UE.

Y Bruselas va a llevar al Gobierno ante la justicia europea por hacer oídos sordos a sus exigencias. El Ejecutivo español tenía de plazo hasta el viernes de la semana pasada para contestar a la Comisión si seguía o no sus decisiones. Éstas exigían a España retirar las últimas condiciones impuestas a la OPA de E.ON. El órgano comunitario declaró el pasado mes de diciembre ilegales estas imposiciones acordadas por el Ministerio de Industria. Los alemanes de E.ON, en cambio, sí aceptaron tales condiciones. En la carta oficial enviada a Bruselas, el Ejecutivo español reitera que no va a suprimir los requisitos impuestos a E.ON. Argumenta que ya retiró algunos y modificó otros de los iniciales tras la protestas de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes. Estas cláusulas que obligan a los alemanes, para el Gobierno español, “son imprescindibles para el suministro” de la energía eléctrica en España. España no se baja del caballo y el Ejecutivo comunitario ya ha anunciado que abrirá un expediente para llevar a España ante la justicia europea por una cuestión de principios. Jonathan Todd, portavoz de la comisaria de Competencia, intenta de nuevo intimidar al Gobierno español. Comenta que las sentencias del “Tribunal europeo de Justicia establecen jurisprudencia para el futuro”. Todd afirma que este caso “podría perjudicar a las empresas españolas que ejercen su negocio en otros países de la UE y si un estado miembro actúa con desprecio a la legislación comunitaria, no puede esperar que otros la respeten”. El presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, defiende la actuación del Gobierno español al intentar proteger “la españolidad de una empresa grande”. “Tenemos que quitarnos el velo de la falsa interpretación de los mercados libres”, afirma Brufau. Ahora le toca al alto Tribunal europeo decidir sobre si en este mercado libre un gobierno que se rige por las normas comunitarias puede sacarse del bolsillo su propia legislación cuando toca apostar por campeones nacionales y ceñirse a las normas europeas cuando hay que ir al corazón de Europa.